ECONOMÍA DEL SERVICIO CIVIL PERUANO

Según cifras “muy gruesas”, más de un millón y medio de peruanos conforman el gran conglomerado de servidores públicos denominado “Servicio Civil Peruano”. De este millón y medio, casi un tercio está formado por las fuerzas armadas y policiales, el segundo tercio corresponde a los pensionistas y más de medio millón está conformado por los empleados públicos en actividad. Se entiende por empleados públicos a todos los que perciben una remuneración del estado, en cualquiera de sus regímenes laborales: carrera administrativa (Decreto Legislativo 276), régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo 728) y el reciente régimen especial de contratación administrativa de servicios – CAS (Decreto Legislativo 1057). En éste último régimen (CAS), pertenecen más de 200,000 trabajadores, los mismos que no perciben los beneficios sociales que sí perciben los que pertenecen a los otros regímenes.

Debemos precisar que el Estado a través de sus organismos correspondientes, desde los años 50, ha tratado de corregir las distorsiones y sobredimensionamiento de las planillas, cada vez mayores con el paso de los años. En la década de los 70, la preocupación por corregir el problema laboral al interior del Estado tocó ribetes muy significativos. En los 80, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry – segundo período- “cumplió” en gran parte su promesa del “millón de empleos”, contratando a miles de sus correligionarios en los diferentes ministerios, en cargos públicos de diferentes categorías y a nivel nacional, agravando aún más el erario nacional.

Y la burocracia aumenta mucho más en los gobiernos subsiguientes (Alan García, Fujimori, Toledo, Alan García – 2° período), imponiéndose el conocido “tarjetazo” con diferentes matices, colores y formas, pero todas ellas con la misma finalidad: puestos en el Estado o “Lobbys” que permitieron negociar con el Estado, acciones que han llegado al extremo de generar escándalos de diversas magnitudes.

El actual gobierno de Ollanta Humala no es ajeno a la preocupación del sobredimensionamiento y distorsiones del aparato estatal en cuanto al conglomerado denominado Servicio Civil. El proyecto de Ley recientemente aprobado en el Congreso, denominada “Ley del Servicio Civil”.

Augusto Townsend, editor de Economía & Negocios de El Comercio, opina que esta norma representa una de las reformas más importantes que tenía el actual Gobierno en su agenda. Indicó, a modo de resumen, que tras la aprobación de esta ley se debe tener en cuenta ciertas directrices. 

Por ejemplo, la reforma no implica que haya despidos inmediatos, sino que estos se apliquen si un trabajador no logra pasar hasta tres evaluaciones “Se busca que la gente que trabaja en el Estado sienta que su empleo depende de su desempeño profesional, que haya meritrocracia”. También destacó que hay una intención de reformar el caótico sistema laboral, con la fusión de los tres regímenes que existían: DL 728, DL 276 y el CAS. “Hasta cierto punto era contradictorio que el Estado exija altos estándares a la empresa privada y que su propio sistema sea tan desordenado”, añadió.

Otro punto que no se debe dejar lado es que no se van a tocar regímenes especiales como el de los policías, militares, maestros y magistrados.

Por último, las implicancias de la reforma no se darán en el corto plazo. Lo que se busca es que en cinco o diez años se haya producido una reforma estructural de la manera cómo opera el Estado y que eso se sienta en de forma más tangible en los servicios que reciben los ciudadanos.

Mientras tanto, miles de trabajadores vienen protestando a nivel nacional, haciendo uso de diferentes y novedosas formas de protestas contra dicha ley. En la selva, algunos trabajadores públicos enterraron gran parte de sus cuerpos, dejando a la vista casi sólo sus cabezas. En Lima, la protesta incluyó la extracción de sangre de los trabajadores públicos, quienes luego se ociaron con la misma en partes visibles de sus cuerpos. La quema de llantas, la obstaculización de principales vías de acceso, así como la destrucción de locales públicos son las acciones tradicionales, mezquinas y perjudiciales de protestas que van tomando cuerpo en diferentes regiones a nivel nacional.

Una premisa muy importante a tomar en cuenta es: “Si el problema laboral existe, entonces hay que corregirlo”. En consecuencia, existirán varias fórmulas (económicas por cierto) para lograr dicha corrección:

1. Aplicación de la Ley del Servicio Civil (la misma que está por publicarse, pero generando la zozobra ciudadana por las continuas protestas por parte de los supuestos afectados).
2. Dejar sin efecto dos de los tres regímenes laborales. Esto conllevaría a incluir a todos los trabajadores en un solo régimen laboral que considere todos los beneficios sociales, habidos y por haber. Obviamente el aspecto económico debe acompañar a dicha alternativa, sin afectar el presupuesto público.
3. Dejar sin efecto una de las tres normas. Se debe anular el régimen más injusto, menos coherente con las aspiraciones laborales y desarrollo profesional del trabajador. Esto no debe afectar para nada el presupuesto público del Estado. Esta alternativa puede constituirse en una primera etapa de la alternativa 2, cuya aspiración es inclusiva y de mayor justicia.
4. Considerando que hay miles de trabajadores públicos que están sancionados pero siguen trabajando, otros que han excedido el límite de edad y otros que ya excedieron el tiempo de servicios; se podría negociar con ellos su salida del servicio civil, acelerando los trámites burocráticos que muchas de las veces son la traba más grande para generar el egreso de dichos trabajadores.

Puede haber más alternativas al problema, sin embargo debemos resaltar que la empleocracia en el sector público no sólo está sobredimensionado y mal remunerado; sino que además adolece de recursos humanos calificados. Y lo más grave consiste en que éste sector laboral tan importante en tamaño y en objetivos, se encuentra en estado INFORMAL, entendiéndose por formal todo aquello que responde una necesidad y puede ser cualificada y cuantificada. Ni el propio ministro de Trabajo, podrá dar cifras exactas sobre la verdadera dimensión de trabajadores públicos, menos en el orden  presupuestal. Esto es un elemento peligroso para nuestra economía. Con tres regímenes laborales y con un régimen de services o de “tercerización” vigente y creciente, las cifras escapan de las manos del propio ministro de Economía.

Expreso mi acuerdo con la vigencia de esta norma, siempre y cuando no sirva para desplazar a trabajadores con buen desempeño laboral y reemplazarlo por personas adscritas al partido nacionalista. Puede ser que simplemente sea una treta de Ollanta para colocar a sus militantes. No nos sorprendería, ya que la propia Primera Dama, Nadine Heredia movió sus influencias para contratar como jefa de la SUNAT a su propia prima. Ojalá Ollanta no repita esa estupidez, que constituye en un delito flagrante contra la administración pública con la figura de nepotismo, establecida en las normas vigentes.