EL TLC ENTRE PERÚ Y MEXICO: PARADOJA Y CIFRAS

Uno de los principales acontecimientos que crea expectativas importantes para nuestro sector productivo resulta ser la reciente aprobación del Tratado de Libre Comercio con la república hermana de México, importante nación que cobija a miles de peruanos trabajadores, estudiantes, empresarios y hasta funcionarios.

La sorpresa es que en la víspera de su aprobación, el Senado mexicano rechazó la ratificación del TLC con nuestro país, so pretexto de ser muy amplio y perjudicial para el desarrollo de los sectores agropecuario y pesquero de ese país. Sin embargo, el secretario de Economía mexicano, Bruno Ferrari, afirmó que el acuerdo no representa amenaza alguna al sector agropecuario mexicano.

México estima exportar al Perú, durante los próximos 5 años, un total de 2,700 millones de dólares, particularmente en el sector automotriz, refrigeradoras y transporte de carga. Durante los últimos 5 años, las importaciones mexicanas al Perú se han incrementado en un 30% en promedio.

El director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Manuel Molano, aseguró que el presente TLC con Perú, permitirá a la economía mexicana, potencializar su crecimiento y los consumidores accederán a mejores y más baratos productos.

Considera además que no sólo abre oportunidades de negocios, sino que a la vez los convierte en complementarios en la búsqueda de la consolidación dentro del bloque de las grandes economías que están creciendo por arriba del 7%, insistiendo a la vez que el TLC es buenísimo porque permite la importante conexión con Asia.

Por otro lado, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) mantiene su postura de desacuerdo con el TLC con Perú, entre otras razones, porque no se respondió a las propuestas de flexibilización que oportunamente presentaron.

El Perú ha suscrito tratados de libre comercio con las economías más importantes del mundo durante la última década y la gran variedad y exquisitez de su producción agrícola es reconocida ampliamente por conocedores de todo el mundo. Los espárragos, alcachofas, pimientos, uvas, limones, chirimoyas, lúcumas y mangos peruanos son la delicia de la cocina internacional y afamados gourmet. México muy poco conoce sobre estos productos y la producción orgánica peruana, cuya demanda internacional es fabulosa. Salvo por los peruanos radicados allá, quienes muchas veces se dan “el lujo” de degustar la reconocida gastronomía peruana, hecha con los productos propios.

Según la Oficina de Registro de las Micro y Pequeñas Empresas (Remype), hasta agosto de 2011, las mypes registradas en Perú, suman 83 mil 606, de ellas, 74 mil 116 corresponden a microempresas y 9 mil 490 a pequeñas empresas, las mismas que dan trabajo a 240 mil 462 peruanos.

Lo que sí será siempre un reclamo, partirá necesariamente del sector empresarial (de ambos lados) que no se prepararon para competir, es decir no son competitivos ante la oferta foránea y siempre buscarán “precios de refugio” o “salvaguardas” para “proteger la producción local”.

LA SOLIDARIDAD SOCIAL

La solidaridad social consiste en colaborar de manera desinteresada con el bien común. Es un principio fundamental cuya práctica hace posible el desarrollo de una sociedad.

La palabra solidaridad proviene del sustantivo latín soliditas, que expresa la realidad homogénea de algo físicamente entero, unido, compacto, cuyas partes integrantes son de igual naturaleza.

El cristianismo adoptó por primera vez el término solidaritas, aplicado a la comunidad de todos los hombres, iguales todos por ser hijos de Dios, y vinculados estrechamente en sociedad. En consecuencia, el concepto de solidaridad está estrechamente vinculado con el de fraternidad de todos los hombres; una fraternidad que les impulsa buscar el bien de todas las personas, por el hecho mismo de que todos son iguales.

Podemos concluir que la solidaridad está fundada principalmente en la igualdad radical que une a todos los hombres. Esta igualdad es una derivación directa e innegable de la verdadera dignidad del ser humano, que pertenece a la realidad intrínseca de la persona, sin importar su raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o partido.

ACTUALMENTE

En nuestros días, la palabra solidaridad ha recuperado popularidad y es muy común escucharla en las más de las esferas sociales. Es una palabra indudablemente positiva, que revela un interés casi universal por el bien del prójimo.

Creemos que una de las consecuencias favorables que nos ha ganado la globalización es, precisamente, una visión más conjunta del mundo entero; un sentido de solidaridad mayor entre los hombres. El problema del hambre en África, las sucesivas guerras en el Medio Oriente, la violación de los derechos humanos en casi todas las sociedades, etc., forman parte de la antítesis de la solidaridad social, pero llevada a la praxis por el hombre abusivo, corrupto, egoísta y hasta criminal.

En la coyuntura político social presente, estamos viviendo una serie de conflictos sociales, los mismos que vienen de gobiernos pasados, como demandas sociales sin resolver y que se están agudizando gracias al doble discurso y falta de sinceramiento por parte del gabinete Ollanta Humala.

Uno de los más agudos conflictos es el que corresponde a la protesta del pueblo cajamarquino contra el proyecto minero Conga, proyecto que se teme, seque las reservas naturales de aguas que goza el extenso pueblo norteño en el Perú y cuyas principales actividades económicas son la agricultura y ganadería. Reemplazar estas actividades por la explotación intensiva de la minería, no sólo generaría un alto índice de contaminación del medio ambiente. También crearía un “shock laboral” en toda la región, a sabiendas que no todos se podrían insertar en la actividad minera e manera eficiente. El mercado de alimentos descendería brutalmente, lo que como consecuencia elevaría ostensiblemente los precios al consumidor. Serían los primeros efectos, pero el impacto social sería aún mucho más grande y perjudicial.

SOLIDARIDAD EN SOCIEDAD

Tenemos que afirmar, antes que cualquier otra cosa, lo siguiente: no es conveniente observar la solidaridad entre pueblos distintos sin tener clara la dimensión humana que esto conlleva: las naciones no son entes subsistentes en sí mismos, sino que subsisten en los seres humanos que los conforman. Por eso, no hay que ignorar lo que realmente sucede. Cuando una nación es solidaria con otra nación, realmente los individuos que pertenecen a una nación están siendo solidarios con las personas que viven en otra nación.

Las naciones no son capaces de la solidaridad, sino a través de los individuos que las conforman. La solidaridad no es susceptible de perder su dimensión humana, aún cuando esté siendo llevada a cabo más allá de la propia sociedad.

Entendido esto, podemos proseguir. La solidaridad en el ámbito internacional sólo es comprensible cuando se tienen por verdaderamente iguales en derechos todas las naciones, independientemente de su influencia económica o cultural dentro de un mundo que se inclina a favorecer la tan nombrada globalización.

CONCLUSIONES

Estamos convencidos de los efectos positivos que deben de derivarse de una correcta disposición para la solidaridad universal. Pero nos hace falta hacer el acotamiento en este estudio sobre las consecuencias que se desprenden por la falta de solidaridad entre los hombres.

El supuesto bienestar que logran los hombres cuando, a fuerza de derribar a los otros, de utilizarlos como simples escalones para subir al éxito, de olvidarlos en la desdicha, de ignorarlos en la pobreza, de sumirlos en la ignorancia, es sólo una desdichada farsa de poder y comodidad que tiene sumida a la sociedad en un estancamiento fétido de intereses personales que ha relegado al olvido la confianza entre los hombres. El desarrollo momentáneo que consiguen los países cuando explotan a otros, o dejan de ayudarles, o propician su subdesarrollo, o se enfrentan en guerra y vencen, es sólo un espejismo efímero de bienestar material, pervertido de egoísmo y deshumanización.

La falta de solidaridad no sólo afecta a los necesitados, o a los países en desarrollo, o a los ignorantes. La falta de solidaridad se revierte en contra nuestra, y nos afecta tan directamente como a los más necesitados. Ser solidarios con los demás, podemos decir, es ser solidarios con nosotros mismos, pero de una manera genuina, legítima. Preocuparnos por nosotros y por los nuestros es lícito, pero no a costa de los demás, sino de la mano de los demás, colaborando con el desarrollo de todos.

Primero en la familia, luego en la comunidad; más tarde en la sociedad o más allá de nuestras fronteras. El desarrollo de todos es también mi desarrollo; el bien de todos es también mío.

La solidaridad debe ser verdadera, tangible, cierta. Debe ser activa, perseverante, constante. No es posible confundirla con un vago sentimiento de malestar ante la desgracia de los demás. La solidaridad, en el compromiso del hombre y de la mujer, es un servicio a aquellos cuyas vidas y destinos están ligados estrechamente entre sí. La solidaridad es entrega y, por tanto, diametralmente opuesta al deseo egoísta, que impide el verdadero desarrollo.

CRECIMIENTO ECONOMICO CON INCLUSIÓN SOCIAL

El crecimiento económico alcanzado en Perú durante la pasada gestión de Alan García (2005-2011), no se ha reflejado en los indicadores de pobreza, salud y educación, situación que ha generado una gran demanda social que se traduce en los conflictos sociales que hoy toca a la presente gestión de Ollanta Humala.

La gestión García perdió la gran oportunidad histórica de hacer crecer socialmente al pueblo peruano, apoyándose en los mayores ingresos de nuestras exportaciones, por los crecientes precios de los minerales. Se pudo mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, se pudo asistir al más necesitado, se pudo incluir al más débil, dentro del concierto de la bonanza económica. Lamentablemente, el régimen de no sólo marginó al más pobre y enriqueció al más rico, sino además su gestión fue plagada de escandalosos actos de corrupción, digitados desde las más altas esferas del poder político.

Cada ministerio, cada organismo público ejecutor, no sólo fueron bastiones de acomodados líderes apristas, fueron el claustro del cínico nepotismo y la desvergüenza. Fue además el centro de operaciones para digitar acciones electoreras y pactos infames contra la nación peruana. Y cada uno de sus pliegos presupuestales de estos organismos públicos fue el “botín de guerra” reclamados y dilapidados por los sinvergüenzas caudillos apristas, quienes al frente de la gestión se sintieron los amos y dueños de los fondos públicos.

Muy atrás quedaron sus juramentos y compromisos con el pueblo peruano, con los más pobres y también olvidaron la prédica histórica y visionaria de Haya, el luchador social. García nunca recordó a Haya, durante su gestión. Sus lugartenientes y altos funcionarios, tampoco se interesaron del tema. Sólo hubo tiempo para saquear los dineros del pueblo, inaugurar obras que nunca se culminaron, ejecutar otros con millonarios sobrecostos y gobernar a espaldas de las reales necesidades del pueblo. No es necesario enumerar los vergonzosos casos de corrupción de la gestión García y compañía. Cabe sí indicar que en estas empresas de corruptelas hubieron muchos funcionarios apristas y no apristas, congresistas, ex funcionarios de su gestión anterior, alcaldes, regidores, efectivos de la policía y militares.

El garciato, como régimen de oprobio, felizmente terminó. Su inefable y ególatra representante culminó su tarea de gobernar para los más ricos, bajo una sospechosa estadística de aprobación. El sector empresarial prochilenista, empresarios mineros y propietarios de services fueron los autores de aplausos, loas y todo tipo de ceremonias y condecoraciones ayayeriles. Fueron quienes más ganaron en su gestión.

Los “peruanos de segunda clase”, como los denominó García en cierta oportunidad, nunca sintieron suyo el tan difundido crecimiento económico. Muchos más bien fueron despojados de sus tierras y de sus derechos más elementales, víctimas de la prédica saqueadora presidencial “El perro del hortelano”.

El presente régimen de Ollanta Humala ha heredado de García, cientos de conflictos sociales, además de los sonados casos de corruptela, que día a día significan un tremendo obstáculo en la gestión de Gobierno. No será fácil desarrollar acciones orientadas a la inclusión social, sino se atienden paralelamente las acciones de moralización contra los corruptos del gobierno saliente y de concertación con los sectores laborales y gremiales en el tema de los conflictos sociales respectivamente.

La economía peruana en crecimiento, será más eficiente en el desarrollo social si se pone énfasis en el rostro humano que debe tener toda gestión de gobierno. Ese rostro humano, es precisamente la preocupación por los más pobres del país, a través del desarrollo coherente y sostenible de los programas sociales propuestos por la actual gestión. Los empresarios con un alto concepto sobre la responsabilidad social y del mercado justo, apostarían por ello, sin lugar a dudas.

Un reto para el próximo Gobierno 2011-2016 PROGRAMAS SOCIALES

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Esta denominación empezó a usarse desde los años 60, siendo el principal modelo económico usado en Europa Occidental, durante la Guerra Fría. Ideado e implementado originalmente en la República Federal Alemana (Soziale Markwirschaft). Planeada e implementada por el democratacristiano Ludwig Erhard, ministro de economía, bajo la cancillería de Konrad Adenauer y bajo su propia administración entre 1963 y 1966.

Esta denominación es sinónimo de la de Estado de Bienestar, ya que se usa para designar a aquellos sistemas económicos de mercado en las que el Estado interviene en la economía y garantiza a la gran mayoría de ciudadanos un nivel de bienestar bastante superior generalmente al que resultaría del libre juego de las fuerzas del mercado.

Estado de Bienestar o Welfare State, para designar a un Estado que se responsabiliza del bienestar de sus ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba”, fue utilizado por primera vez en lengua inglesa en el informe Beveridge (1942) sobre seguridad social. El Estado de bienestar modificó las condiciones de reproducción de la fuerza laboral, además hizo posible que la clase trabajadora acceda a un nivel de bienestar superior al que le correspondería si la ley de hierro de los salarios hubiera funcionado con toda su crudeza.

La justicia social o justicia redistributiva de bienestar le confirió al orden económico de mercado la legítima moral necesaria para que el proceso de acumulación capitalista pudiera proseguir. El Estado de bienestar nació para dar respuesta a los problemas modernos y demandas sociales que el desarrollo económico está generando en cada sistema económico.

MARCO CONCEPTUAL

La economía social de mercado es un orden social, económico y político integrado, que se caracteriza por tener una política económica de mercado, y al mismo tiempo una política social que regula a la primera, lo que se configura además como su mayor diferencia frente al neoliberalismo.

En la “economía social de mercado” cada ciudadano puede organizarse por sí mismo, repartir sus esfuerzos personales, sus gastos e inversiones según su voluntad y dar vida a sus aptitudes creativas. Las experiencias en Europa han demostrado claramente que sólo se pueden crear nuevas fuentes de empleo cuando se promueve la actividad empresarial en todos los niveles (grande, mediana, pequeña y micro-empresa). Con las campañas de corte socialista y populista de asignaciones de cuotas de mercado no se presentan nuevos empleos, a menos que se quiera volver de nuevo al sistema de los grandes combinados, característicos del mundo de trabajo soviético. En este caso, la producción se mantiene bajo las reglas de una economía de guerra, con garantía de muchos puestos de trabajo, pero con la imposibilidad característica de estos conglomerados elefantiásicos de adaptarse al ritmo cambiante y rápido del mercado libre.

Los nuevos puestos de trabajo conducen a mediano y largo plazo a un aumento del ingreso de las masas. La pobreza no se elimina con aportes ocasionales de dinero y bienes; estas acciones populistas sólo la perpetúan.

Economía de mercado y economía social de mercado no son un simple juego de palabras ni significan lo mismo, a pesar de que quieran hacerlo creer muchos fundamentalistas neoliberales que colocan en nuestra Constitución lo que ella no dice. La Constitución de 1993, en su artículo 58°, dispone: "La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.". Puede verse que nuestra Constitución no establece la economía de mercado sino la economía social de mercado. Y en el Art. 43°, dispone que el Perú es una República democrática y social; el Art. 44° impone como uno de los deberes del Estado "promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia"; y el Art. 65° establece que "el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios".

Las políticas económicas gubernamentales de las últimas décadas y el discurso neoliberal han convencido a la gente de que el principio rector de nuestro Régimen Constitucional Económico es el mercado, como si este fuera un fin en sí mismo y no solo un instrumento para el mejor desarrollo de las relaciones económicas.

Colocan la defensa del mercado por encima de valores constitucionales superiores, como el bien común, la dignidad de la persona, la justicia y solidaridad social, la protección de consumidores y usuarios, sobre todo de los más pobres.

La economía social de mercado supone una postura intermedia entre el dogma capitalista del mercado y el controlismo estatista marxista. Es tiempo de aclarar las cosas y evitar que continúe este contrabando interesado, no solo porque así lo dice la Constitución, sino también porque es la posición asumida por la inmensa mayoría del electorado nacional.

El Tribunal Constitucional ha precisado muy bien que, en una economía social de mercado, la intervención del Estado en la economía puede darse cuando las distorsiones del mercado afectan el bien común, la justicia, la equidad y solidaridad, en perjuicio de los menos favorecidos.

El Estado no puede permanecer indiferente ante el beneficio injusto e inmoral de intereses individuales, egoístas, que pretenden aprovecharse de situaciones de crisis o emergencia económica o desastres naturales mediante el incremento irrazonable de precios o la especulación con productos de primera necesidad o servicios públicos (alimentos, medicamentos, transporte, por ejemplo).

Allí donde algunos sostienen que todo debe resolverse por el mercado y las reglas de la oferta y la demanda, la opción constitucional por una economía social de mercado impone al Estado un deber político y ético de intervención para remediar tales prácticas abusivas.

VALORES Y PRINCIPIOS

La economía social de mercado está fundada bajo valores éticos que son definidos como trascendentes y universales para la doctrina social. Este sistema se ha implementado en varios países del viejo continente y se comporta como el contrario a los sistemas económicos socialistas de planeación y a la economía de tendencia liberal, por lo que es considerada como una tercera vía.

Los valores éticos en los cuales se fundamenta la economía social de mercado se centran en principios que guardan relación con la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiaridad, a fin de lograr un sistema económico al servicio del hombre. Por lo mismo se entiende como un sistema liberal con márgenes y límites reglados según una agenda valórica y de principios.

Entre los principios constitutivos de la economía social de mercado, encontramos siete principios básicos. En primer lugar, el sistema de “competencia perfecta”, un sistema de precios para el que es necesaria una gran cantidad de oferta y de demanda. Por otra parte, la “estabilidad de la moneda”, donde se mantiene su valor en forma constante, labor a cargo de un banco central independiente del gobierno. Además encontramos el “libre acceso a los mercados”, en el que no deben existir barreras para ingresar a los diferentes mercados. Luego, en cuarto lugar, la “libertad contractual” se refiere a la necesidad de la libertad de contrato necesaria para la competencia, sin embargo, es posible que, en este caso, el gobierno intervenga en dicha libertad, garantizando la justicia social. En quinto lugar encontramos la “propiedad privada con función social” o “hipoteca social”, que se refiere a que, dentro de los fundamentos de la economía social de mercado, se encuentra la propiedad privada de los medios, subordinada al principio de destino universal de los bienes. En sexto lugar, la “plena responsabilidad”, en otras palabras, la búsqueda libre del beneficio económico guardando valores éticos como el bien común, la moderación y la responsabilidad ambiental. Por último, la “constancia de la política económica”, la que debe garantizar el bienestar de todos los actores sociales.

Reflexiones:

El asunto sería tan simple, si es que nos quedamos en la teoría. Creo que cada ciudadano tiene el deber cívico y moral de conocer el tipo de vuestra economía, y luchar desde vuestras posiciones, por un orden económico más justo. Se trata de la economía de toda una región o país. Por ello, desde esta columna, dejo a la consideración de peruanos, mexicanos, colombianos, venezolanos, españoles, chilenos, etc., enviar sus comentarios; sin ninguna clase de perjuicios ideológicos, ni políticos.

LOS COMMODITIES Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Commodity es un término usado con mucha frecuencia en el sector comercio y se refiere al bien económico que es producido masivamente o extraído de la naturaleza y que tiene un bajísimo nivel de diferenciación o especialización.

El oro, la plata o el petróleo también entran en nuestra definición, ya que hay enormes cantidades disponibles en la naturaleza. En cuanto al nivel de diferenciación o especialización, el oro extraído en distintos lugares del mundo, va a tener esencialmente las mismas cualidades. Son considerados commodities también al trigo, algodón, maíz, soya, etc.

Los márgenes de ganancia ó utilidad que deja la exportación de los mencionados commodities son relativamente exiguos, si comparamos con los artículos que tienen un alto nivel de diferenciación. Estos últimos son aquellos que en su manufactura o fabricación cuentan con un alto nivel de valor agregado, como es el caso de las maquinarias pesadas, automóviles, artículos electrónicos, computadoras, embarcaciones, productos farmacéuticos, etc.

CLASIFICACIÓN

Granos: Soja, trigo, maíz, avena, cebada.

Softs: Algodón, jugo de naranja, café, azúcar, Cacao.

Energías: Petróleo crudo, fuel oil, gas natural, etanol, nafta.

Metales: Oro, plata, cobre, platino, aluminio, paladio.

Carnes: Ganado bovino vivo, ganado porcino vivo, manteca, leche.

Financieros: Bonos de 30 años, notas de 10 años, Eurodólar, Fed Funds a 30 días.

Índices: Dow Jones, S&P500, Nasdaq100, Nikkei225, E-Mini Nasdaq.

Monedas: Libra Esterlina, Euro, Peso Mexicano, Rand de Sudáfrica, Franco Suizo.

A partir de esta clasificación en grupos, hacen su aparición los commodities relacionados con lo financiero. Esto habla del modo amplio en el que hay que entender a los commodities. Después de todo, los euros que pueda comprar una persona en España, serán los mismos que podrá adquirir en alguna casa de cambio en Perú.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO PERUANO

Los commodities están mayormente denominados en dólares, por lo que resultan económicamente muy sensibles en el mercado internacional. La economía de nuestro país, así como de la gran mayoría de países latinoamericanos, depende de la exportación de commodities.

Los niveles de crecimiento de nuestra economía han sido insuperables dentro de la región, fenómeno que ha sorprendido al mundo entero, ya que en períodos anteriores y hasta en la década pasada, sólo conocíamos la crisis económica, déficit fiscales, resultados negativos en nuestra balanza comercial, inflación y hasta desastres económicos, como resultó el período 1985-1990, en que la hiperinflación desenfrenada fue alimentada por la corrupción de funcionarios y resultaron en maravilloso caldo de cultivo para el surgimiento de la subversión y terrorismo, con los trágicos resultados que muchos peruanos vivimos en carne propia.

Fueron épocas pasadas, pero no tan lejanas. De ello es conveniente aprender la lección. El presente gobierno de Alan García – su segunda oportunidad-, ha tenido especial mesura en orientar su gestión hacia una disciplina fiscal, destinando las dos terceras partes del presupuesto nacional a las regiones, lo cual indica una clara voluntad política hacia el desarrollo de las regiones. El proceso de descentralización ha sido fortalecido en la praxis, con los instrumentos de desarrollo que las regiones reclamaban.

Además se han superado muchas trabas para la facilitación de nuestras crecientes exportaciones, se han incrementado las inversiones nacional y extranjera, etc. Estas medidas de política económica han mejorado ostensiblemente nuestros niveles de vida, a todas luces una verdad irrefutable.

AGENDA NACIONAL

A lo expuesto, quedan dos temas puntuales que el gobierno de Alan García aún no puede resolver y que deben figurar en su recargada agenda:

1. La reconfiguración de nuestra economía, que esencialmente depende de commodities. Si es que el crecimiento que refleja nuestra economía se debe precisamente a los elevados precios de los metales: hierro, oro, plata, plomo, etc. Los precios internacionales de estos metales en cualquier momento pueden bajar, lo que causaría una crisis económica nacional. La manera de dar sostenibilidad a este crecimiento económico es desarrollar la infraestructura industrial nacional, a través de una reconversión de la alimentación energética, del petróleo por el gas natural. En vez de exportar este recurso a ínfimos precios, debe desarrollarse un plan nacional destinado al consumo masivo del gas natural. De esta forma se economizaría gran cantidad de fondos públicos destinados a la importación de petróleo. Nuestra actual política energética está orientada a favorecer a grandes consorcios internacionales, negándole al consumidor nacional una energía barata, la cual producimos en grandes cantidades, como para reestructurar a nivel nacional, un masivo consumo del gas natural, a bajos precios, lo que permitiría reducir los costos operativos en las plantas industriales y como consecuencia de ello, el abaratamiento de los bienes y servicios. No es justo que los peruanos tengamos que pagar por el gas de uso doméstico (el precio más caro que el de los demás países productores de GLP Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina). Mientras que en Perú el balón de 10 kilos se cotiza a 12 dólares, en Bolivia se paga 2.8 dólares, en Brasil 9.4 dólares, en Chile 10.7 dólares, en Uruguay 10.3 dólares y en Colombia 2.2 dólares. Caso similar ocurre con el tema de las tarifas telefónicas (fijo y móvil). Paralelamente, se debe impulsar una agresiva campaña orientada a cambiar paulatinamente nuestros hábitos de consumo, como por ejemplo en el mayor consumo de pescado, por razones obvias. Esta sola medida no solo mejoraría ostensiblemente la salud de nuestra población, sino además reduciría las importaciones de carnes rojas y por ende, del mejoramiento de nuestra balanza comercial. Todos los esfuerzos sobre este tema todavía no producen el efecto esperado, a comparación de la campaña agresiva que el Gral. Juan Velasco Alvarado impulsó durante su gobierno.

2. La corrupción de funcionarios, tema muy manoseado, pero de la cual el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, son blancos de críticas muy frecuentes. Hay que tener presente que la corrupción de funcionarios en toda sociedad, no sólo genera descrédito en la gestión de gobierno, también genera desorden social y sobrecostos en la producción y comercialización de bienes y servicios. Estos sobrecostos lógicamente son los grandes enemigos del desarrollo de una sociedad, ya que quienes se desarrollan económicamente son los funcionarios corruptos, al provocar los injustos desequilibrios en la distribución de la riqueza nacional. Este punto debe formar parte de la agenda nacional permanente, lo que redundaría en un verdadero crecimiento, integrador y sostenible. Las políticas anticorrupción del gobierno de Alan García deben dejar la faceta de “poses reelectoreras” para marcar una real distancia con estas realidades que distorsionan nuestra aún frágil economía interna. “No hay peor ciego que aquél que no quiera ver, ni peor ama de casa que desconozca los precios del combustible que usa diariamente”

Espero recibir sus comentarios, a favor o en contra. Toda crítica es bienvenida, ya que con la crítica constructiva es posible crecer. La sobonería se opone tenazmente al desarrollo personal. Gracias por tu tiempo.

EL MECENAZGO CULTURAL- PROYECTO DE LEY

Hace pocos días recibí un mensaje bastante breve y sin ninguna explicación, promoviendo el proyecto de Ley del Mecenazgo Cultural, presentado por la congresista Luciana León al Congreso para su debate y posterior aprobación. Al requerir la explicación respectiva, sólo recibí un mutis.

No es justo que el conocimiento de los proyectos de leyes sean privilegio sólo de los congresistas o de seudo difusores, quienes poco o nada hacen para compartirlos con el resto de la sociedad, que somos el 99.9999% de la población (descontando a los congresistas, asesores, planchacamisas, lavapies y demás sirvientes de otorongos).

La iniciativa goza de buena aceptación en el Legislativo. Tanto así que la Comisión de Educación se inhibió por mayoría de debatir en su seno la referida norma, por lo que fue elevada al Pleno inmediatamente. Sin embargo, el Ministerio de Economía ha planteado unos reparos a la norma.

La norma tiene por objeto regular el mecenazgo cultural y los incentivos fiscales para su promoción. Según la norma, se entiende por mecenazgo el financiamiento, total o parcial, que realizan personas naturales o jurídicas privadas, con carácter de donación para "la ejecución de proyectos o actividades culturales que son de interés general". Por el monto invertido en cultura, el donante recibe un Certificado del INC, que presentará ante la SUNAT para deducirlo como gasto para el pago del impuesto a la renta.

Los proyectos que se pueden financiar a través del mecenazgo deberán ser aprobados por el INC y consistir en:

1. Creación, difusión, producción e investigación en áreas culturales (teatro, música, cine, toda expresión literaria, danza, etc.)

2. Conservación, restauración y promoción del patrimonio histórico.

3. Proyectos de construcción de infraestructura para la cultura, espectáculo y entretenimiento (tales como teatros, coliseos o auditorios).

Pueden ser beneficiarios las entidades públicas o privadas sin fines de lucro, que presenten un proyecto cultural al Instituto Nacional de Cultura: Universidades, Academias, Institutos, teatros, museos, galerías, bibliotecas y otras.

La iniciativa de un particular puede ser asumida y presentada por alguna de estas entidades: un productor puede llevar su proyecto a una asociación o universidad, la que a su vez lo presentará al INC y será responsable por la donación recibida.

El Procedimiento:
1. Las instituciones que deseen ser beneficiarias, deberán presentar al INC un informe describiendo el proyecto y monto requerido.
2. El INC evaluará y aprobará el proyecto en un plazo máximo de 15 días hábiles.3. Aprobado el proyecto, se inscribe en el Registro del Régimen de Promoción Cultural del INC.
4. El INC comunicará a la SUNAT cuando la empresa haya formalizado su interés de apoyar un proyecto cultural.
5. El INC entrega a la empresa un Certificado para utilizarlo ante SUNAT.

Incentivos: Hay dos tipos de incentivo: para el “Benefactor” y para el “Patrocinador”.

a) Benefactor: Persona natural o jurídica privada que financia un proyecto o actividad cultural y no relaciona su imagen al proyecto. Para efectos del Impuesto a la Renta podrá deducir como gasto el 100% del monto que destinen al financiamiento de los proyectos culturales, sin tope alguno.

b) Patrocinador: Persona natural o jurídica privada que financia un proyecto o actividad cultural, relaciona su imagen al proyecto. Para Podrán deducir como gasto el 50% del monto que destinen al financiamiento de los proyectos culturales, sin tope alguno.

Por mi parte, saludo esta gran iniciativa, pero a la vez solicito no se olviden de otras actividades tan importantes como la Cultura. Por ejemplo: El Deporte, La Educación, El Trabajo, etc. En realidad, si establecemos un mecenazgo para cada una de estas actividades, no creo que solucionaríamos el problema. El problema se podría solucionar sosteniblemente, cuando exista la mayor participación de la población, pero además, con la mayor preocupación del Estado, a través del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales.

Es decir, no debemos dejar el tema cultural a una suerte de “oferta y demanda”, como si la cultura fuese una mercadería. Es el Gobierno, quien finalmente no debe “encargar” totalmente nuestra cultura a la empresa privada. Nuestra cultura es tan variada y exquisita que su importancia debe trascender a la preocupación de toda la sociedad, y no sólo de los empresarios. Ya quisieran otros pueblos del mundo tener nuestra ancestral y variada pluricultura.

Por lo tanto, el asunto cultural es una responsabilidad compartida, que el Gobierno no debe desprenderse de ella. En nuestro medio es difícil encontrar verdaderos mecenas que quieran realmente promover la cultura, “poniendo de la suya”. Pero sí abundarán los falsos mecenas quienes aprovecharán siempre canjear cultura por favores tributarios en demasía. Allí está la esencia de dicho proyecto de Ley. Cuidadito con la conocida “criollada” de nuestros empresarios y otorongos.