22 de septiembre de 2011

CRECIMIENTO ECONOMICO CON INCLUSIÓN SOCIAL

El crecimiento económico alcanzado en Perú durante la pasada gestión de Alan García (2005-2011), no se ha reflejado en los indicadores de pobreza, salud y educación, situación que ha generado una gran demanda social que se traduce en los conflictos sociales que hoy toca a la presente gestión de Ollanta Humala.

La gestión García perdió la gran oportunidad histórica de hacer crecer socialmente al pueblo peruano, apoyándose en los mayores ingresos de nuestras exportaciones, por los crecientes precios de los minerales. Se pudo mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, se pudo asistir al más necesitado, se pudo incluir al más débil, dentro del concierto de la bonanza económica. Lamentablemente, el régimen de no sólo marginó al más pobre y enriqueció al más rico, sino además su gestión fue plagada de escandalosos actos de corrupción, digitados desde las más altas esferas del poder político.

Cada ministerio, cada organismo público ejecutor, no sólo fueron bastiones de acomodados líderes apristas, fueron el claustro del cínico nepotismo y la desvergüenza. Fue además el centro de operaciones para digitar acciones electoreras y pactos infames contra la nación peruana. Y cada uno de sus pliegos presupuestales de estos organismos públicos fue el “botín de guerra” reclamados y dilapidados por los sinvergüenzas caudillos apristas, quienes al frente de la gestión se sintieron los amos y dueños de los fondos públicos.

Muy atrás quedaron sus juramentos y compromisos con el pueblo peruano, con los más pobres y también olvidaron la prédica histórica y visionaria de Haya, el luchador social. García nunca recordó a Haya, durante su gestión. Sus lugartenientes y altos funcionarios, tampoco se interesaron del tema. Sólo hubo tiempo para saquear los dineros del pueblo, inaugurar obras que nunca se culminaron, ejecutar otros con millonarios sobrecostos y gobernar a espaldas de las reales necesidades del pueblo. No es necesario enumerar los vergonzosos casos de corrupción de la gestión García y compañía. Cabe sí indicar que en estas empresas de corruptelas hubieron muchos funcionarios apristas y no apristas, congresistas, ex funcionarios de su gestión anterior, alcaldes, regidores, efectivos de la policía y militares.

El garciato, como régimen de oprobio, felizmente terminó. Su inefable y ególatra representante culminó su tarea de gobernar para los más ricos, bajo una sospechosa estadística de aprobación. El sector empresarial prochilenista, empresarios mineros y propietarios de services fueron los autores de aplausos, loas y todo tipo de ceremonias y condecoraciones ayayeriles. Fueron quienes más ganaron en su gestión.

Los “peruanos de segunda clase”, como los denominó García en cierta oportunidad, nunca sintieron suyo el tan difundido crecimiento económico. Muchos más bien fueron despojados de sus tierras y de sus derechos más elementales, víctimas de la prédica saqueadora presidencial “El perro del hortelano”.

El presente régimen de Ollanta Humala ha heredado de García, cientos de conflictos sociales, además de los sonados casos de corruptela, que día a día significan un tremendo obstáculo en la gestión de Gobierno. No será fácil desarrollar acciones orientadas a la inclusión social, sino se atienden paralelamente las acciones de moralización contra los corruptos del gobierno saliente y de concertación con los sectores laborales y gremiales en el tema de los conflictos sociales respectivamente.

La economía peruana en crecimiento, será más eficiente en el desarrollo social si se pone énfasis en el rostro humano que debe tener toda gestión de gobierno. Ese rostro humano, es precisamente la preocupación por los más pobres del país, a través del desarrollo coherente y sostenible de los programas sociales propuestos por la actual gestión. Los empresarios con un alto concepto sobre la responsabilidad social y del mercado justo, apostarían por ello, sin lugar a dudas.

28 de diciembre de 2010

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO


ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Esta denominación empezó a usarse desde los años 60, siendo el principal modelo económico usado en Europa Occidental, durante la Guerra Fría. Ideado e implementado originalmente en la República Federal Alemana (Soziale Markwirschaft). Planeada e implementada por el democratacristiano Ludwig Erhard, ministro de economía, bajo la cancillería de Konrad Adenauer y bajo su propia administración entre 1963 y 1966.
Esta denominación es sinónimo de la de Estado de Bienestar, ya que se usa para designar a aquellos sistemas económicos de mercado en las que el Estado interviene en la economía y garantiza a la gran mayoría de ciudadanos un nivel de bienestar bastante superior generalmente al que resultaría del libre juego de las fuerzas del mercado.

Estado de Bienestar o Welfare State, para designar a un Estado que se responsabiliza del bienestar de sus ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba”, fue utilizado por primera vez en lengua inglesa en el informe Beveridge (1942) sobre seguridad social. El Estado de bienestar modificó las condiciones de reproducción de la fuerza laboral, además hizo posible que la clase trabajadora acceda a un nivel de bienestar superior al que le correspondería si la ley de hierro de los salarios hubiera funcionado con toda su crudeza.

La justicia social o justicia redistributiva de bienestar le confirió al orden económico de mercado la legítima moral necesaria para que el proceso de acumulación capitalista pudiera proseguir. El Estado de bienestar nació para dar respuesta a los problemas modernos y demandas sociales que el desarrollo económico está generando en cada sistema económico.


MARCO CONCEPTUAL

La economía social de mercado es un orden social, económico y político integrado, que se caracteriza por tener una política económica de mercado, y al mismo tiempo una política social que regula a la primera, lo que se configura además como su mayor diferencia frente al neoliberalismo.

En la “economía social de mercado” cada ciudadano puede organizarse por sí mismo, repartir sus esfuerzos personales, sus gastos e inversiones según su voluntad y dar vida a sus aptitudes creativas. Las experiencias en Europa han demostrado claramente que sólo se pueden crear nuevas fuentes de empleo cuando se promueve la actividad empresarial en todos los niveles (grande, mediana, pequeña y micro-empresa). Con las campañas de corte socialista y populista de asignaciones de cuotas de mercado no se presentan nuevos empleos, a menos que se quiera volver de nuevo al sistema de los grandes combinados, característicos del mundo de trabajo soviético. En este caso, la producción se mantiene bajo las reglas de una economía de guerra, con garantía de muchos puestos de trabajo, pero con la imposibilidad característica de estos conglomerados elefantiásicos de adaptarse al ritmo cambiante y rápido del mercado libre.

Los nuevos puestos de trabajo conducen a mediano y largo plazo a un aumento del ingreso de las masas. La pobreza no se elimina con aportes ocasionales de dinero y bienes; estas acciones populistas sólo la perpetúan.

Economía de mercado y economía social de mercado no son un simple juego de palabras ni significan lo mismo, a pesar de que quieran hacerlo creer muchos fundamentalistas neoliberales que colocan en nuestra Constitución lo que ella no dice. La Constitución de 1993, en su artículo 58°, dispone: "La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.". Puede verse que nuestra Constitución no establece la economía de mercado sino la economía social de mercado. Y en el Art. 43°, dispone que el Perú es una República democrática y social; el Art. 44° impone como uno de los deberes del Estado "promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia"; y el Art. 65° establece que "el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios".

Las políticas económicas gubernamentales de las últimas décadas y el discurso neoliberal han convencido a la gente de que el principio rector de nuestro Régimen Constitucional Económico es el mercado, como si este fuera un fin en sí mismo y no solo un instrumento para el mejor desarrollo de las relaciones económicas.

Colocan la defensa del mercado por encima de valores constitucionales superiores, como el bien común, la dignidad de la persona, la justicia y solidaridad social, la protección de consumidores y usuarios, sobre todo de los más pobres.

La economía social de mercado supone una postura intermedia entre el dogma capitalista del mercado y el controlismo estatista marxista. Es tiempo de aclarar las cosas y evitar que continúe este contrabando interesado, no solo porque así lo dice la Constitución, sino también porque es la posición asumida por la inmensa mayoría del electorado nacional.

El Tribunal Constitucional ha precisado muy bien que, en una economía social de mercado, la intervención del Estado en la economía puede darse cuando las distorsiones del mercado afectan el bien común, la justicia, la equidad y solidaridad, en perjuicio de los menos favorecidos.

El Estado no puede permanecer indiferente ante el beneficio injusto e inmoral de intereses individuales, egoístas, que pretenden aprovecharse de situaciones de crisis o emergencia económica o desastres naturales mediante el incremento irrazonable de precios o la especulación con productos de primera necesidad o servicios públicos (alimentos, medicamentos, transporte, por ejemplo).

Allí donde algunos sostienen que todo debe resolverse por el mercado y las reglas de la oferta y la demanda, la opción constitucional por una economía social de mercado impone al Estado un deber político y ético de intervención para remediar tales prácticas abusivas.


VALORES Y PRINCIPIOS

La economía social de mercado está fundada bajo valores éticos que son definidos como trascendentes y universales para la doctrina social. Este sistema se ha implementado en varios países del viejo continente y se comporta como el contrario a los sistemas económicos socialistas de planeación y a la economía de tendencia liberal, por lo que es considerada como una tercera vía.

Los valores éticos en los cuales se fundamenta la economía social de mercado se centran en principios que guardan relación con la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiaridad, a fin de lograr un sistema económico al servicio del hombre. Por lo mismo se entiende como un sistema liberal con márgenes y límites reglados según una agenda valórica y de principios.

Entre los principios constitutivos de la economía social de mercado, encontramos siete principios básicos. En primer lugar, el sistema de “competencia perfecta”, un sistema de precios para el que es necesaria una gran cantidad de oferta y de demanda. Por otra parte, la “estabilidad de la moneda”, donde se mantiene su valor en forma constante, labor a cargo de un banco central independiente del gobierno. Además encontramos el “libre acceso a los mercados”, en el que no deben existir barreras para ingresar a los diferentes mercados. Luego, en cuarto lugar, la “libertad contractual” se refiere a la necesidad de la libertad de contrato necesaria para la competencia, sin embargo, es posible que, en este caso, el gobierno intervenga en dicha libertad, garantizando la justicia social. En quinto lugar encontramos la “propiedad privada con función social” o “hipoteca social”, que se refiere a que, dentro de los fundamentos de la economía social de mercado, se encuentra la propiedad privada de los medios, subordinada al principio de destino universal de los bienes. En sexto lugar, la “plena responsabilidad”, en otras palabras, la búsqueda libre del beneficio económico guardando valores éticos como el bien común, la moderación y la responsabilidad ambiental. Por último, la “constancia de la política económica”, la que debe garantizar el bienestar de todos los actores sociales.


Reflexiones:

El asunto sería tan simple, si es que nos quedamos en la teoría. Creo que cada ciudadano tiene el deber cívico y moral de conocer el tipo de vuestra economía, y luchar desde vuestras posiciones, por un orden económico más justo. Se trata de la economía de toda una región o país. Por ello, desde esta columna, dejo a la consideración de peruanos, mexicanos, colombianos, venezolanos, españoles, chilenos, etc., enviar sus comentarios; sin ninguna clase de perjuicios ideológicos, ni políticos.

7 de julio de 2010

LOS COMMODITIES Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Commodity es un término usado con mucha frecuencia en el sector comercio y se refiere al bien económico que es producido masivamente o extraído de la naturaleza y que tiene un bajísimo nivel de diferenciación o especialización.

El oro, la plata o el petróleo también entran en nuestra definición, ya que hay enormes cantidades disponibles en la naturaleza. En cuanto al nivel de diferenciación o especialización, el oro extraído en distintos lugares del mundo, va a tener esencialmente las mismas cualidades. Son considerados commodities también al trigo, algodón, maíz, soya, etc.

Los márgenes de ganancia ó utilidad que deja la exportación de los mencionados commodities son relativamente exiguos, si comparamos con los artículos que tienen un alto nivel de diferenciación. Estos últimos son aquellos que en su manufactura o fabricación cuentan con un alto nivel de valor agregado, como es el caso de las maquinarias pesadas, automóviles, artículos electrónicos, computadoras, embarcaciones, productos farmacéuticos, etc.

CLASIFICACIÓN

Granos: Soja, trigo, maíz, avena, cebada.

Softs: Algodón, jugo de naranja, café, azúcar, Cacao.

Energías: Petróleo crudo, fuel oil, gas natural, etanol, nafta.

Metales: Oro, plata, cobre, platino, aluminio, paladio.

Carnes: Ganado bovino vivo, ganado porcino vivo, manteca, leche.

Financieros: Bonos de 30 años, notas de 10 años, Eurodólar, Fed Funds a 30 días.

Índices: Dow Jones, S&P500, Nasdaq100, Nikkei225, E-Mini Nasdaq.

Monedas: Libra Esterlina, Euro, Peso Mexicano, Rand de Sudáfrica, Franco Suizo.

A partir de esta clasificación en grupos, hacen su aparición los commodities relacionados con lo financiero. Esto habla del modo amplio en el que hay que entender a los commodities. Después de todo, los euros que pueda comprar una persona en España, serán los mismos que podrá adquirir en alguna casa de cambio en Perú.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO PERUANO

Los commodities están mayormente denominados en dólares, por lo que resultan económicamente muy sensibles en el mercado internacional. La economía de nuestro país, así como de la gran mayoría de países latinoamericanos, depende de la exportación de commodities.

Los niveles de crecimiento de nuestra economía han sido insuperables dentro de la región, fenómeno que ha sorprendido al mundo entero, ya que en períodos anteriores y hasta en la década pasada, sólo conocíamos la crisis económica, déficit fiscales, resultados negativos en nuestra balanza comercial, inflación y hasta desastres económicos, como resultó el período 1985-1990, en que la hiperinflación desenfrenada fue alimentada por la corrupción de funcionarios y resultaron en maravilloso caldo de cultivo para el surgimiento de la subversión y terrorismo, con los trágicos resultados que muchos peruanos vivimos en carne propia.

Fueron épocas pasadas, pero no tan lejanas. De ello es conveniente aprender la lección. El presente gobierno de Alan García – su segunda oportunidad-, ha tenido especial mesura en orientar su gestión hacia una disciplina fiscal, destinando las dos terceras partes del presupuesto nacional a las regiones, lo cual indica una clara voluntad política hacia el desarrollo de las regiones. El proceso de descentralización ha sido fortalecido en la praxis, con los instrumentos de desarrollo que las regiones reclamaban.

Además se han superado muchas trabas para la facilitación de nuestras crecientes exportaciones, se han incrementado las inversiones nacional y extranjera, etc. Estas medidas de política económica han mejorado ostensiblemente nuestros niveles de vida, a todas luces una verdad irrefutable.

AGENDA NACIONAL

A lo expuesto, quedan dos temas puntuales que el gobierno de Alan García aún no puede resolver y que deben figurar en su recargada agenda:

1. La reconfiguración de nuestra economía, que esencialmente depende de commodities. Si es que el crecimiento que refleja nuestra economía se debe precisamente a los elevados precios de los metales: hierro, oro, plata, plomo, etc. Los precios internacionales de estos metales en cualquier momento pueden bajar, lo que causaría una crisis económica nacional. La manera de dar sostenibilidad a este crecimiento económico es desarrollar la infraestructura industrial nacional, a través de una reconversión de la alimentación energética, del petróleo por el gas natural. En vez de exportar este recurso a ínfimos precios, debe desarrollarse un plan nacional destinado al consumo masivo del gas natural. De esta forma se economizaría gran cantidad de fondos públicos destinados a la importación de petróleo. Nuestra actual política energética está orientada a favorecer a grandes consorcios internacionales, negándole al consumidor nacional una energía barata, la cual producimos en grandes cantidades, como para reestructurar a nivel nacional, un masivo consumo del gas natural, a bajos precios, lo que permitiría reducir los costos operativos en las plantas industriales y como consecuencia de ello, el abaratamiento de los bienes y servicios. No es justo que los peruanos tengamos que pagar por el gas de uso doméstico (el precio más caro que el de los demás países productores de GLP Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina). Mientras que en Perú el balón de 10 kilos se cotiza a 12 dólares, en Bolivia se paga 2.8 dólares, en Brasil 9.4 dólares, en Chile 10.7 dólares, en Uruguay 10.3 dólares y en Colombia 2.2 dólares. Caso similar ocurre con el tema de las tarifas telefónicas (fijo y móvil). Paralelamente, se debe impulsar una agresiva campaña orientada a cambiar paulatinamente nuestros hábitos de consumo, como por ejemplo en el mayor consumo de pescado, por razones obvias. Esta sola medida no solo mejoraría ostensiblemente la salud de nuestra población, sino además reduciría las importaciones de carnes rojas y por ende, del mejoramiento de nuestra balanza comercial. Todos los esfuerzos sobre este tema todavía no producen el efecto esperado, a comparación de la campaña agresiva que el Gral. Juan Velasco Alvarado impulsó durante su gobierno.

2. La corrupción de funcionarios, tema muy manoseado, pero de la cual el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, son blancos de críticas muy frecuentes. Hay que tener presente que la corrupción de funcionarios en toda sociedad, no sólo genera descrédito en la gestión de gobierno, también genera desorden social y sobrecostos en la producción y comercialización de bienes y servicios. Estos sobrecostos lógicamente son los grandes enemigos del desarrollo de una sociedad, ya que quienes se desarrollan económicamente son los funcionarios corruptos, al provocar los injustos desequilibrios en la distribución de la riqueza nacional. Este punto debe formar parte de la agenda nacional permanente, lo que redundaría en un verdadero crecimiento, integrador y sostenible. Las políticas anticorrupción del gobierno de Alan García deben dejar la faceta de “poses reelectoreras” para marcar una real distancia con estas realidades que distorsionan nuestra aún frágil economía interna. “No hay peor ciego que aquél que no quiera ver, ni peor ama de casa que desconozca los precios del combustible que usa diariamente”

Espero recibir sus comentarios, a favor o en contra. Toda crítica es bienvenida, ya que con la crítica constructiva es posible crecer. La sobonería se opone tenazmente al desarrollo personal. Gracias por tu tiempo.

14 de junio de 2010

EL MECENAZGO CULTURAL- PROYECTO DE LEY

Hace pocos días recibí un mensaje bastante breve y sin ninguna explicación, promoviendo el proyecto de Ley del Mecenazgo Cultural, presentado por la congresista Luciana León al Congreso para su debate y posterior aprobación. Al requerir la explicación respectiva, sólo recibí un mutis.

No es justo que el conocimiento de los proyectos de leyes sean privilegio sólo de los congresistas o de seudo difusores, quienes poco o nada hacen para compartirlos con el resto de la sociedad, que somos el 99.9999% de la población (descontando a los congresistas, asesores, planchacamisas, lavapies y demás sirvientes de otorongos).

La iniciativa goza de buena aceptación en el Legislativo. Tanto así que la Comisión de Educación se inhibió por mayoría de debatir en su seno la referida norma, por lo que fue elevada al Pleno inmediatamente. Sin embargo, el Ministerio de Economía ha planteado unos reparos a la norma.

La norma tiene por objeto regular el mecenazgo cultural y los incentivos fiscales para su promoción. Según la norma, se entiende por mecenazgo el financiamiento, total o parcial, que realizan personas naturales o jurídicas privadas, con carácter de donación para "la ejecución de proyectos o actividades culturales que son de interés general". Por el monto invertido en cultura, el donante recibe un Certificado del INC, que presentará ante la SUNAT para deducirlo como gasto para el pago del impuesto a la renta.

Los proyectos que se pueden financiar a través del mecenazgo deberán ser aprobados por el INC y consistir en:

1. Creación, difusión, producción e investigación en áreas culturales (teatro, música, cine, toda expresión literaria, danza, etc.)

2. Conservación, restauración y promoción del patrimonio histórico.

3. Proyectos de construcción de infraestructura para la cultura, espectáculo y entretenimiento (tales como teatros, coliseos o auditorios).

Pueden ser beneficiarios las entidades públicas o privadas sin fines de lucro, que presenten un proyecto cultural al Instituto Nacional de Cultura: Universidades, Academias, Institutos, teatros, museos, galerías, bibliotecas y otras.

La iniciativa de un particular puede ser asumida y presentada por alguna de estas entidades: un productor puede llevar su proyecto a una asociación o universidad, la que a su vez lo presentará al INC y será responsable por la donación recibida.

El Procedimiento:
1. Las instituciones que deseen ser beneficiarias, deberán presentar al INC un informe describiendo el proyecto y monto requerido.
2. El INC evaluará y aprobará el proyecto en un plazo máximo de 15 días hábiles.3. Aprobado el proyecto, se inscribe en el Registro del Régimen de Promoción Cultural del INC.
4. El INC comunicará a la SUNAT cuando la empresa haya formalizado su interés de apoyar un proyecto cultural.
5. El INC entrega a la empresa un Certificado para utilizarlo ante SUNAT.

Incentivos: Hay dos tipos de incentivo: para el “Benefactor” y para el “Patrocinador”.

a) Benefactor: Persona natural o jurídica privada que financia un proyecto o actividad cultural y no relaciona su imagen al proyecto. Para efectos del Impuesto a la Renta podrá deducir como gasto el 100% del monto que destinen al financiamiento de los proyectos culturales, sin tope alguno.

b) Patrocinador: Persona natural o jurídica privada que financia un proyecto o actividad cultural, relaciona su imagen al proyecto. Para Podrán deducir como gasto el 50% del monto que destinen al financiamiento de los proyectos culturales, sin tope alguno.

Por mi parte, saludo esta gran iniciativa, pero a la vez solicito no se olviden de otras actividades tan importantes como la Cultura. Por ejemplo: El Deporte, La Educación, El Trabajo, etc. En realidad, si establecemos un mecenazgo para cada una de estas actividades, no creo que solucionaríamos el problema. El problema se podría solucionar sosteniblemente, cuando exista la mayor participación de la población, pero además, con la mayor preocupación del Estado, a través del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales.

Es decir, no debemos dejar el tema cultural a una suerte de “oferta y demanda”, como si la cultura fuese una mercadería. Es el Gobierno, quien finalmente no debe “encargar” totalmente nuestra cultura a la empresa privada. Nuestra cultura es tan variada y exquisita que su importancia debe trascender a la preocupación de toda la sociedad, y no sólo de los empresarios. Ya quisieran otros pueblos del mundo tener nuestra ancestral y variada pluricultura.

Por lo tanto, el asunto cultural es una responsabilidad compartida, que el Gobierno no debe desprenderse de ella. En nuestro medio es difícil encontrar verdaderos mecenas que quieran realmente promover la cultura, “poniendo de la suya”. Pero sí abundarán los falsos mecenas quienes aprovecharán siempre canjear cultura por favores tributarios en demasía. Allí está la esencia de dicho proyecto de Ley. Cuidadito con la conocida “criollada” de nuestros empresarios y otorongos.

9 de junio de 2010

POLÍTICA LABORAL: POSES Y PROMESAS INCUMPLIDAS

Nuestra Constitución Política garantiza el derecho al trabajo, el cual es objeto de atención prioritaria del Estado y afirma que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador (artículos 22ª y 23ª).

Además establece la prioridad del pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador sobre cualquiera otra obligación del empleador, así como deja establecido el derecho a descanso semanal y anual remunerados (artículos 24ª y 25ª).

La igualdad de oportunidades sin discriminación, protección contra el despido arbitrario, así como los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, son establecido en los artículos 26ª, 27ª y 28ª.

“Un gobierno de Unidad Nacional será más de lo mismo” dijo Alan García refiriéndose a los temas laborales. Los peruanos no podemos olvidar las promesas incumplidas hasta la fecha, formuladas por nuestro actual presidente, durante su campaña por su segundo gobierno.

No podemos olvidar la promesa que nos hizo a todos los peruanos de erradicar gradualmente los “services” porque son “una forma infame de explotación al trabajador peruano”. Hoy pareciera que se ha dedicado a promover el desarrollo de los “services”, porque se han multiplicado en número y se ha constituido en un peligroso factor de marginación y explotación social del trabajador.

En el último trimestre de 2009, para evitar la satanización a su gobierno por la proliferación en el sector público de los SNP (Servicios No Personales) promulgó una ley de creación del régimen laboral “RECAS” (Régimen de Contratación Administrativa de Servicios), una suerte de “mixtura de SNP con algún régimen similar con retaceos y parches a la diabla”, es decir otra forma grosera y desleal de explotación al trabajador peruano. Los beneficios sociales siempre estarán del lado del trabajador nombrado, pero alejado del contratado. Las oportunidades de ascenso siempre serán negadas al contratado, serán privilegio de los nombrados.

Se ha corroborado que en varios centros laborales peruanos (minas, fábricas, ministerios, empresas públicas, etc.) que el mismo trabajo en las mismas condiciones y por los mismos profesionales, pero en distintos regímenes de trabajo (nombrados y contratados), existe una tremenda diferencia (hasta 5 veces) en cuanto a remuneración. Esto es, en una mina, un técnico contratado por un “service” gana entre 800 y 1,200 nuevos soles. El mismo trabajo en la misma mina por un técnico con similar calificación, pero contratado directamente por la mina, ganaría 4,000 y 6,000, aparte de seguros, vacaciones y derecho a ascensos.

Caso similar sucede en el propio sector público ó ministerios. Un profesional contratado bajo el régimen “RECAS” gana entre 1,700 y 2,500 soles, con derecho a sólo 15 días de vacaciones y marginado de ascensos y marginado en distintos aspectos como ascensos, menores viáticos, sin seguro médico, sin fondos de estímulos, etc. En cambio, el profesional nombrado (CAP), que realiza la misma función, tiene el mismo título y el mismo tiempo de servicios, gana entre 3,400 y 6,000, aparte de todos los beneficios que les son negados al trabajador contratado bajo las modalidades SNP y RECAS.

Pareciera ser que Alan García y sus asesores han implementado estos regímenes laborales para “marcar con más nitidez” las diferencias entre peruanos. Esta afirmación tiene asidero por cuanto en los propios centros laborales, ministerios, etc., el clima laboral entre los trabajadores de diferentes regímenes laborales es un desastre, por las razones expuestas. La brecha de diferencias entre los niveles remunerativos correspondientes es simplemente el trofeo a la injusticia social. Algo por lo que Víctor Raúl Haya De La Torre (principal mentor de Alan García) lucharía sin cesar hasta lograr un acercamiento al equilibrio o justicia entre peruanos.


Probablemente, esta forma de marginar al trabajador peruano no sea la voluntad de nuestro presidente Alan García, pero sí es el resultado a la vista de todos los peruanos. Alguien me enseñó que “en política, las cosas se miden por resultados”.

Pero tampoco podemos hablar irresponsablemente por la “estabilidad laboral”, que simplemente es un tema por ahora “antieconómico”, si se trata de verlo desde un punto netamente economicista. Es que no es necesario adoptar un régimen laboral que garantice la estabilidad laboral. Sí es posible diseñar un régimen laboral que contenga todos los beneficios sociales, remuneraciones a la par de los nombrados, promociones y ascensos y todos los beneficios sociales, pero sin estabilidad laboral, salvo sea requerido por la institución ó empresa, privada ó pública. Es decir, es posible que Alan garcía cumpla por lo menos el 50% de lo prometido en materia laboral.

Recordemos que Alan García en su anterior gobierno, apoyó la estabilidad laboral, pero a costa del no pago de la deuda externa, la misma que se acrecentó en 20% entre 1985 y 1988 (de US$ 13.753 millones a US$ 16.493 millones), por incumplir los pagos.

Recordemos que otra de las promesas incumplidas es el programa “Projoven” (lanzado con bombos y platillos por la congresista Luciana León), que teóricamente es un programa muy interesante de capacitación laboral para jóvenes y que tiene la ventaja de permitir una primera inserción al mundo del trabajo y, a la vez, dinamizar el mercado de capacitación, a través del establecimiento de estándares de calidad para las entidades capacitadoras y por medio del fomento de la interacción entre éstas y las empresas. Pero en la práctica, “Projoven” tiene una cobertura muy limitada. La poca atención que se ha otorgado a este tipo de programas evidencia que el problema central en este caso no es el financiamiento sino la voluntad política. Luciana León utilizó la necesidad y expectativas de nuestra juventud, para mejorar su alicaída popularidad y encumbrarse como representante nata de los jóvenes peruanos que aún ven muy difícil el acceso a oportunidades dentro del mercado laboral. Maniobras que vemos en muchos otorongos, perdón, congresistas hoy en día.

Y es que no podemos llamarlo de otra forma, sino informalidad laboral, que en nuestro querido Perú llega a 55%, cifra extremadamente alta incluso para estándares latinoamericanos. Luego del aumento observado entre 1993 y 1997, la recesión que se inició en 1998 generó una caída de casi 6% en el empleo formal.

En consecuencia estamos frente a un problema estructural del empleo que es independiente de la recesión de fines de los años noventa. Es insuficiente salir de la recesión; se requiere crecer a tasas elevadas y de manera sostenida. Por lo que resulta indispensable generar las condiciones necesarias para que la inversión crezca, lo que redundará en mayores tasas de crecimiento y de empleo. Para que aumente la tasa de inversión se necesita, en primer lugar, mantener la estabilidad macroeconómica. En segundo lugar, establecer un marco jurídico e institucional estable que garantice los derechos de propiedad, la estabilidad de las reglas y que en general, reduzca los costos de hacer negocios.

No se debe dejar de introducir reformas en el mercado de capitales que faciliten el flujo de capitales, provenientes del ahorro interno y externo a los inversionistas, lo que abaratará ostensiblemente el costo del crédito y de los fondos de capital y aumentará el acceso a ellos. Son propuestas que permitirán un crecimiento sostenido de la producción nacional y del empleo. La política económica debe apuntar a satisfacer una legítima aspiración de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, con remuneraciones acordes con el costo de vida. Debería estudiarse de manera cuidadosa el diseño de algún esquema de subsidios o de exenciones tributarias a la inversión en capacitación por parte de las empresas. Esto es un aspecto de política económica.

El debilitamiento del movimiento sindical puede atribuirse también a que éste es identificado únicamente como un mecanismo para incrementar los beneficios de corto plazo de los trabajadores. No existe una concepción moderna de movimiento sindical que tenga como objetivo negociar e impulsar mejoras ligadas a la productividad o que demande una mayor inversión de las empresas en capacitación y entrenamiento ocupacional.

Recordemos que otra de las promesas groseras e incumplidas es el programa “Projoven” (lanzado con bombos y platillos por la congresista Luciana León), que teóricamente es un programa muy interesante de capacitación laboral para jóvenes que tiene la ventaja de permitir una primera inserción al mundo del trabajo y, a la vez, dinamizar el mercado de capacitación, a través del establecimiento de estándares de calidad para las entidades capacitadoras y por medio del fomento de la interacción entre éstas y las empresas. Pero en la práctica, “Projoven” tiene una cobertura muy limitada. La poca atención que se ha otorgado a este tipo de programas evidencia que el problema central en este caso no es el financiamiento sino la voluntad política. Luciana Ponce utilizó la necesidad y expectativas de nuestra juventud, para mejorar su alicaída popularidad y encumbrarse como representante nata de los jóvenes peruanos que aún ven muy difícil el acceso a oportunidades dentro del mercado laboral. Maniobras que vemos en muchos otorongos, perdón, congresistas hoy en día.

A casi un año de la culminación del presente gobierno, es poco lo que se pueda esperar como voluntad política por mejorar las condiciones del trabajador. Queda pues un interesante tema de debate y punto en la agenda del próximo gobierno para lograr lo que el fujimorato quitó al trabajador, el toledismo mantuvo como regla en su gobierno y Alan García agudizó los males contra el trabajador peruano, con los recortes de beneficios sociales.

Me despido con un abrazo fraterno a todos los trabajadores que con dignidad y dedicación dieron, dan y seguirán ofreciendo su valiosa fuerza de trabajo, aún a pesar de la indiferencia e indolencia de los gobiernos de turno.

24 de mayo de 2010

LEY ARIZONA: INOCENTE RECLAMO ANTE RESPUESTA AMBIGUA

La ley SB1070, más conocida como la “Ley Arizona” fue promulgada el pasado 21 de mayo por la gobernadora Jan Brewer. Esta norma obliga a los agentes policiales locales a hacer cumplir las leyes de inmigración federales.

Con la nueva normativa, los agentes tendrán que detener a cualquier persona para verificar sus documentos de identidad, en caso de que tengan una "sospecha razonable" de que pueda ser un indocumentado.

Expertos legales y personajes del mundo entero no se cansan de cuestionar la referida norma que criminaliza la inmigración indocumentada, pero además viola la Constitución de los Estados Unidos, nación que se jacta de ser el ejemplo en la lucha por la defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz mundial.

Son varias las organizaciones en EE.UU. que han anunciado su intención de plantear demandas al estado de Arizona por la controversial ley. La Junta Nacional de Directores de la Coalición Nacional Latina de Ministros y Líderes Cristianos (CONLAMIC) anunció que instruyó a sus abogados que inicien una acción legal inmediata para detener su implementación. La influencia de más de 300 Pastores en Arizona no fue suficiente para que la gobernadora Brewer se retractara de sus amenazas en querer firmar la ley.

Recientemente, la niña peruana Deysi Cueva increpó a Michelle Obama sobre las leyes anti inmigracionistas de los EE.UU., principalmente la Ley Arizona.

Tal ha sido la repercusión que han ocasionado las frases de la pequeña peruana, revelando que su madre no tiene documentos, que varios noticieros e incluso senadores de ese país han aprovechado el reclamo para exigir a la administración Obama sacar adelante la frustrada reforma migratoria y declarar improcedente la Ley Arizona.

El diario mexicano La Jornada reseñó así el encuentro de la pequeña, que cursa segundo de primaria, con la esposa del presidente de los Estados Unidos: “En el único acto de esta visita de Estado que no estaba coreografiado y prefabricado, la niña latinoamericana de una primaria que se atrevió a preguntarle a Michelle Obama si era cierto que su esposo se está llevando a los indocumentados y que su madre no tiene papeles, logró lo que ni juntos han podido ambos mandatarios: evitar una deportación y una separación más de familias inmigrantes en este país, y poner el tema ante la atención nacional en términos humanos y elementales”.

Deysi Cueva, nuestra pequeña compatriota demostró al mundo entero:

1. Que la sociedad más rica y “más demócrata” es también la más inhumana e indiferente del planeta, ante el dolor del más débil.
2. Que los grandes personajes políticos pierden tiempo y recursos en costosísimas e injustificadas guerras con el exterior, pero son incapaces de resolver temas elementales en el frente interno, con verdaderos gestos de respeto a la dignidad humana.
3. Que la inocente y sincera palabra de una niña podrá más que los duros corazones y mentes cerradas de una sociedad cada vez más materialista e insensible.

¡Tengo el orgullo de ser peruano!

Gracias Deysi, gracias por tus palabras, gracias por tu demostración de amor.

Un abrazo fraterno,