EL MECENAZGO CULTURAL- PROYECTO DE LEY

Hace pocos días recibí un mensaje bastante breve y sin ninguna explicación, promoviendo el proyecto de Ley del Mecenazgo Cultural, presentado por la congresista Luciana León al Congreso para su debate y posterior aprobación. Al requerir la explicación respectiva, sólo recibí un mutis.

No es justo que el conocimiento de los proyectos de leyes sean privilegio sólo de los congresistas o de seudo difusores, quienes poco o nada hacen para compartirlos con el resto de la sociedad, que somos el 99.9999% de la población (descontando a los congresistas, asesores, planchacamisas, lavapies y demás sirvientes de otorongos).

La iniciativa goza de buena aceptación en el Legislativo. Tanto así que la Comisión de Educación se inhibió por mayoría de debatir en su seno la referida norma, por lo que fue elevada al Pleno inmediatamente. Sin embargo, el Ministerio de Economía ha planteado unos reparos a la norma.

La norma tiene por objeto regular el mecenazgo cultural y los incentivos fiscales para su promoción. Según la norma, se entiende por mecenazgo el financiamiento, total o parcial, que realizan personas naturales o jurídicas privadas, con carácter de donación para "la ejecución de proyectos o actividades culturales que son de interés general". Por el monto invertido en cultura, el donante recibe un Certificado del INC, que presentará ante la SUNAT para deducirlo como gasto para el pago del impuesto a la renta.

Los proyectos que se pueden financiar a través del mecenazgo deberán ser aprobados por el INC y consistir en:

1. Creación, difusión, producción e investigación en áreas culturales (teatro, música, cine, toda expresión literaria, danza, etc.)

2. Conservación, restauración y promoción del patrimonio histórico.

3. Proyectos de construcción de infraestructura para la cultura, espectáculo y entretenimiento (tales como teatros, coliseos o auditorios).

Pueden ser beneficiarios las entidades públicas o privadas sin fines de lucro, que presenten un proyecto cultural al Instituto Nacional de Cultura: Universidades, Academias, Institutos, teatros, museos, galerías, bibliotecas y otras.

La iniciativa de un particular puede ser asumida y presentada por alguna de estas entidades: un productor puede llevar su proyecto a una asociación o universidad, la que a su vez lo presentará al INC y será responsable por la donación recibida.

El Procedimiento:
1. Las instituciones que deseen ser beneficiarias, deberán presentar al INC un informe describiendo el proyecto y monto requerido.
2. El INC evaluará y aprobará el proyecto en un plazo máximo de 15 días hábiles.3. Aprobado el proyecto, se inscribe en el Registro del Régimen de Promoción Cultural del INC.
4. El INC comunicará a la SUNAT cuando la empresa haya formalizado su interés de apoyar un proyecto cultural.
5. El INC entrega a la empresa un Certificado para utilizarlo ante SUNAT.

Incentivos: Hay dos tipos de incentivo: para el “Benefactor” y para el “Patrocinador”.

a) Benefactor: Persona natural o jurídica privada que financia un proyecto o actividad cultural y no relaciona su imagen al proyecto. Para efectos del Impuesto a la Renta podrá deducir como gasto el 100% del monto que destinen al financiamiento de los proyectos culturales, sin tope alguno.

b) Patrocinador: Persona natural o jurídica privada que financia un proyecto o actividad cultural, relaciona su imagen al proyecto. Para Podrán deducir como gasto el 50% del monto que destinen al financiamiento de los proyectos culturales, sin tope alguno.

Por mi parte, saludo esta gran iniciativa, pero a la vez solicito no se olviden de otras actividades tan importantes como la Cultura. Por ejemplo: El Deporte, La Educación, El Trabajo, etc. En realidad, si establecemos un mecenazgo para cada una de estas actividades, no creo que solucionaríamos el problema. El problema se podría solucionar sosteniblemente, cuando exista la mayor participación de la población, pero además, con la mayor preocupación del Estado, a través del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales.

Es decir, no debemos dejar el tema cultural a una suerte de “oferta y demanda”, como si la cultura fuese una mercadería. Es el Gobierno, quien finalmente no debe “encargar” totalmente nuestra cultura a la empresa privada. Nuestra cultura es tan variada y exquisita que su importancia debe trascender a la preocupación de toda la sociedad, y no sólo de los empresarios. Ya quisieran otros pueblos del mundo tener nuestra ancestral y variada pluricultura.

Por lo tanto, el asunto cultural es una responsabilidad compartida, que el Gobierno no debe desprenderse de ella. En nuestro medio es difícil encontrar verdaderos mecenas que quieran realmente promover la cultura, “poniendo de la suya”. Pero sí abundarán los falsos mecenas quienes aprovecharán siempre canjear cultura por favores tributarios en demasía. Allí está la esencia de dicho proyecto de Ley. Cuidadito con la conocida “criollada” de nuestros empresarios y otorongos.

POLÍTICA LABORAL: POSES Y PROMESAS INCUMPLIDAS

Nuestra Constitución Política garantiza el derecho al trabajo, el cual es objeto de atención prioritaria del Estado y afirma que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador (artículos 22ª y 23ª).

Además establece la prioridad del pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador sobre cualquiera otra obligación del empleador, así como deja establecido el derecho a descanso semanal y anual remunerados (artículos 24ª y 25ª).

La igualdad de oportunidades sin discriminación, protección contra el despido arbitrario, así como los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, son establecido en los artículos 26ª, 27ª y 28ª.

“Un gobierno de Unidad Nacional será más de lo mismo” dijo Alan García refiriéndose a los temas laborales. Los peruanos no podemos olvidar las promesas incumplidas hasta la fecha, formuladas por nuestro actual presidente, durante su campaña por su segundo gobierno.

No podemos olvidar la promesa que nos hizo a todos los peruanos de erradicar gradualmente los “services” porque son “una forma infame de explotación al trabajador peruano”. Hoy pareciera que se ha dedicado a promover el desarrollo de los “services”, porque se han multiplicado en número y se ha constituido en un peligroso factor de marginación y explotación social del trabajador.

En el último trimestre de 2009, para evitar la satanización a su gobierno por la proliferación en el sector público de los SNP (Servicios No Personales) promulgó una ley de creación del régimen laboral “RECAS” (Régimen de Contratación Administrativa de Servicios), una suerte de “mixtura de SNP con algún régimen similar con retaceos y parches a la diabla”, es decir otra forma grosera y desleal de explotación al trabajador peruano. Los beneficios sociales siempre estarán del lado del trabajador nombrado, pero alejado del contratado. Las oportunidades de ascenso siempre serán negadas al contratado, serán privilegio de los nombrados.

Se ha corroborado que en varios centros laborales peruanos (minas, fábricas, ministerios, empresas públicas, etc.) que el mismo trabajo en las mismas condiciones y por los mismos profesionales, pero en distintos regímenes de trabajo (nombrados y contratados), existe una tremenda diferencia (hasta 5 veces) en cuanto a remuneración. Esto es, en una mina, un técnico contratado por un “service” gana entre 800 y 1,200 nuevos soles. El mismo trabajo en la misma mina por un técnico con similar calificación, pero contratado directamente por la mina, ganaría 4,000 y 6,000, aparte de seguros, vacaciones y derecho a ascensos.

Caso similar sucede en el propio sector público ó ministerios. Un profesional contratado bajo el régimen “RECAS” gana entre 1,700 y 2,500 soles, con derecho a sólo 15 días de vacaciones y marginado de ascensos y marginado en distintos aspectos como ascensos, menores viáticos, sin seguro médico, sin fondos de estímulos, etc. En cambio, el profesional nombrado (CAP), que realiza la misma función, tiene el mismo título y el mismo tiempo de servicios, gana entre 3,400 y 6,000, aparte de todos los beneficios que les son negados al trabajador contratado bajo las modalidades SNP y RECAS.

Pareciera ser que Alan García y sus asesores han implementado estos regímenes laborales para “marcar con más nitidez” las diferencias entre peruanos. Esta afirmación tiene asidero por cuanto en los propios centros laborales, ministerios, etc., el clima laboral entre los trabajadores de diferentes regímenes laborales es un desastre, por las razones expuestas. La brecha de diferencias entre los niveles remunerativos correspondientes es simplemente el trofeo a la injusticia social. Algo por lo que Víctor Raúl Haya De La Torre (principal mentor de Alan García) lucharía sin cesar hasta lograr un acercamiento al equilibrio o justicia entre peruanos.

Probablemente, esta forma de marginar al trabajador peruano no sea la voluntad de nuestro presidente Alan García, pero sí es el resultado a la vista de todos los peruanos. Alguien me enseñó que “en política, las cosas se miden por resultados”.

Pero tampoco podemos hablar irresponsablemente por la “estabilidad laboral”, que simplemente es un tema por ahora “antieconómico”, si se trata de verlo desde un punto netamente economicista. Es que no es necesario adoptar un régimen laboral que garantice la estabilidad laboral. Sí es posible diseñar un régimen laboral que contenga todos los beneficios sociales, remuneraciones a la par de los nombrados, promociones y ascensos y todos los beneficios sociales, pero sin estabilidad laboral, salvo sea requerido por la institución ó empresa, privada ó pública. Es decir, es posible que Alan garcía cumpla por lo menos el 50% de lo prometido en materia laboral.

Recordemos que Alan García en su anterior gobierno, apoyó la estabilidad laboral, pero a costa del no pago de la deuda externa, la misma que se acrecentó en 20% entre 1985 y 1988 (de US$ 13.753 millones a US$ 16.493 millones), por incumplir los pagos.

Recordemos que otra de las promesas incumplidas es el programa “Projoven” (lanzado con bombos y platillos por la congresista Luciana León), que teóricamente es un programa muy interesante de capacitación laboral para jóvenes y que tiene la ventaja de permitir una primera inserción al mundo del trabajo y, a la vez, dinamizar el mercado de capacitación, a través del establecimiento de estándares de calidad para las entidades capacitadoras y por medio del fomento de la interacción entre éstas y las empresas. Pero en la práctica, “Projoven” tiene una cobertura muy limitada. La poca atención que se ha otorgado a este tipo de programas evidencia que el problema central en este caso no es el financiamiento sino la voluntad política. Luciana León utilizó la necesidad y expectativas de nuestra juventud, para mejorar su alicaída popularidad y encumbrarse como representante nata de los jóvenes peruanos que aún ven muy difícil el acceso a oportunidades dentro del mercado laboral. Maniobras que vemos en muchos otorongos, perdón, congresistas hoy en día.

Y es que no podemos llamarlo de otra forma, sino informalidad laboral, que en nuestro querido Perú llega a 55%, cifra extremadamente alta incluso para estándares latinoamericanos. Luego del aumento observado entre 1993 y 1997, la recesión que se inició en 1998 generó una caída de casi 6% en el empleo formal.

En consecuencia estamos frente a un problema estructural del empleo que es independiente de la recesión de fines de los años noventa. Es insuficiente salir de la recesión; se requiere crecer a tasas elevadas y de manera sostenida. Por lo que resulta indispensable generar las condiciones necesarias para que la inversión crezca, lo que redundará en mayores tasas de crecimiento y de empleo. Para que aumente la tasa de inversión se necesita, en primer lugar, mantener la estabilidad macroeconómica. En segundo lugar, establecer un marco jurídico e institucional estable que garantice los derechos de propiedad, la estabilidad de las reglas y que en general, reduzca los costos de hacer negocios.

No se debe dejar de introducir reformas en el mercado de capitales que faciliten el flujo de capitales, provenientes del ahorro interno y externo a los inversionistas, lo que abaratará ostensiblemente el costo del crédito y de los fondos de capital y aumentará el acceso a ellos. Son propuestas que permitirán un crecimiento sostenido de la producción nacional y del empleo. La política económica debe apuntar a satisfacer una legítima aspiración de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, con remuneraciones acordes con el costo de vida. Debería estudiarse de manera cuidadosa el diseño de algún esquema de subsidios o de exenciones tributarias a la inversión en capacitación por parte de las empresas. Esto es un aspecto de política económica.

El debilitamiento del movimiento sindical puede atribuirse también a que éste es identificado únicamente como un mecanismo para incrementar los beneficios de corto plazo de los trabajadores. No existe una concepción moderna de movimiento sindical que tenga como objetivo negociar e impulsar mejoras ligadas a la productividad o que demande una mayor inversión de las empresas en capacitación y entrenamiento ocupacional.

Recordemos que otra de las promesas groseras e incumplidas es el programa “Projoven” (lanzado con bombos y platillos por la congresista Luciana León), que teóricamente es un programa muy interesante de capacitación laboral para jóvenes que tiene la ventaja de permitir una primera inserción al mundo del trabajo y, a la vez, dinamizar el mercado de capacitación, a través del establecimiento de estándares de calidad para las entidades capacitadoras y por medio del fomento de la interacción entre éstas y las empresas. Pero en la práctica, “Projoven” tiene una cobertura muy limitada. La poca atención que se ha otorgado a este tipo de programas evidencia que el problema central en este caso no es el financiamiento sino la voluntad política. Luciana Ponce utilizó la necesidad y expectativas de nuestra juventud, para mejorar su alicaída popularidad y encumbrarse como representante nata de los jóvenes peruanos que aún ven muy difícil el acceso a oportunidades dentro del mercado laboral. Maniobras que vemos en muchos otorongos, perdón, congresistas hoy en día.

A casi un año de la culminación del presente gobierno, es poco lo que se pueda esperar como voluntad política por mejorar las condiciones del trabajador. Queda pues un interesante tema de debate y punto en la agenda del próximo gobierno para lograr lo que el fujimorato quitó al trabajador, el toledismo mantuvo como regla en su gobierno y Alan García agudizó los males contra el trabajador peruano, con los recortes de beneficios sociales.

Me despido con un abrazo fraterno a todos los trabajadores que con dignidad y dedicación dieron, dan y seguirán ofreciendo su valiosa fuerza de trabajo, aún a pesar de la indiferencia e indolencia de los gobiernos de turno.