ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Esta denominación empezó a usarse desde los años 60, siendo el principal modelo económico usado en Europa Occidental, durante la Guerra Fría. Ideado e implementado originalmente en la República Federal Alemana (Soziale Markwirschaft). Planeada e implementada por el democratacristiano Ludwig Erhard, ministro de economía, bajo la cancillería de Konrad Adenauer y bajo su propia administración entre 1963 y 1966.
Esta denominación es sinónimo de la de Estado de Bienestar, ya que se usa para designar a aquellos sistemas económicos de mercado en las que el Estado interviene en la economía y garantiza a la gran mayoría de ciudadanos un nivel de bienestar bastante superior generalmente al que resultaría del libre juego de las fuerzas del mercado.
Estado de Bienestar o Welfare State, para designar a un Estado que se responsabiliza del bienestar de sus ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba”, fue utilizado por primera vez en lengua inglesa en el informe Beveridge (1942) sobre seguridad social. El Estado de bienestar modificó las condiciones de reproducción de la fuerza laboral, además hizo posible que la clase trabajadora acceda a un nivel de bienestar superior al que le correspondería si la ley de hierro de los salarios hubiera funcionado con toda su crudeza.
La justicia social o justicia redistributiva de bienestar le confirió al orden económico de mercado la legítima moral necesaria para que el proceso de acumulación capitalista pudiera proseguir. El Estado de bienestar nació para dar respuesta a los problemas modernos y demandas sociales que el desarrollo económico está generando en cada sistema económico.
MARCO CONCEPTUAL
La economía social de mercado es un orden social, económico y político integrado, que se caracteriza por tener una política económica de mercado, y al mismo tiempo una política social que regula a la primera, lo que se configura además como su mayor diferencia frente al neoliberalismo.
En la “economía social de mercado” cada ciudadano puede organizarse por sí mismo, repartir sus esfuerzos personales, sus gastos e inversiones según su voluntad y dar vida a sus aptitudes creativas. Las experiencias en Europa han demostrado claramente que sólo se pueden crear nuevas fuentes de empleo cuando se promueve la actividad empresarial en todos los niveles (grande, mediana, pequeña y micro-empresa). Con las campañas de corte socialista y populista de asignaciones de cuotas de mercado no se presentan nuevos empleos, a menos que se quiera volver de nuevo al sistema de los grandes combinados, característicos del mundo de trabajo soviético. En este caso, la producción se mantiene bajo las reglas de una economía de guerra, con garantía de muchos puestos de trabajo, pero con la imposibilidad característica de estos conglomerados elefantiásicos de adaptarse al ritmo cambiante y rápido del mercado libre.
Los nuevos puestos de trabajo conducen a mediano y largo plazo a un aumento del ingreso de las masas. La pobreza no se elimina con aportes ocasionales de dinero y bienes; estas acciones populistas sólo la perpetúan.
Economía de mercado y economía social de mercado no son un simple juego de palabras ni significan lo mismo, a pesar de que quieran hacerlo creer muchos fundamentalistas neoliberales que colocan en nuestra Constitución lo que ella no dice. La Constitución de 1993, en su artículo 58°, dispone: "La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.". Puede verse que nuestra Constitución no establece la economía de mercado sino la economía social de mercado. Y en el Art. 43°, dispone que el Perú es una República democrática y social; el Art. 44° impone como uno de los deberes del Estado "promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia"; y el Art. 65° establece que "el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios".
Las políticas económicas gubernamentales de las últimas décadas y el discurso neoliberal han convencido a la gente de que el principio rector de nuestro Régimen Constitucional Económico es el mercado, como si este fuera un fin en sí mismo y no solo un instrumento para el mejor desarrollo de las relaciones económicas.
Colocan la defensa del mercado por encima de valores constitucionales superiores, como el bien común, la dignidad de la persona, la justicia y solidaridad social, la protección de consumidores y usuarios, sobre todo de los más pobres.
La economía social de mercado supone una postura intermedia entre el dogma capitalista del mercado y el controlismo estatista marxista. Es tiempo de aclarar las cosas y evitar que continúe este contrabando interesado, no solo porque así lo dice la Constitución, sino también porque es la posición asumida por la inmensa mayoría del electorado nacional.
El Tribunal Constitucional ha precisado muy bien que, en una economía social de mercado, la intervención del Estado en la economía puede darse cuando las distorsiones del mercado afectan el bien común, la justicia, la equidad y solidaridad, en perjuicio de los menos favorecidos.
El Estado no puede permanecer indiferente ante el beneficio injusto e inmoral de intereses individuales, egoístas, que pretenden aprovecharse de situaciones de crisis o emergencia económica o desastres naturales mediante el incremento irrazonable de precios o la especulación con productos de primera necesidad o servicios públicos (alimentos, medicamentos, transporte, por ejemplo).
Allí donde algunos sostienen que todo debe resolverse por el mercado y las reglas de la oferta y la demanda, la opción constitucional por una economía social de mercado impone al Estado un deber político y ético de intervención para remediar tales prácticas abusivas.
Las políticas económicas gubernamentales de las últimas décadas y el discurso neoliberal han convencido a la gente de que el principio rector de nuestro Régimen Constitucional Económico es el mercado, como si este fuera un fin en sí mismo y no solo un instrumento para el mejor desarrollo de las relaciones económicas.
Colocan la defensa del mercado por encima de valores constitucionales superiores, como el bien común, la dignidad de la persona, la justicia y solidaridad social, la protección de consumidores y usuarios, sobre todo de los más pobres.
La economía social de mercado supone una postura intermedia entre el dogma capitalista del mercado y el controlismo estatista marxista. Es tiempo de aclarar las cosas y evitar que continúe este contrabando interesado, no solo porque así lo dice la Constitución, sino también porque es la posición asumida por la inmensa mayoría del electorado nacional.
El Tribunal Constitucional ha precisado muy bien que, en una economía social de mercado, la intervención del Estado en la economía puede darse cuando las distorsiones del mercado afectan el bien común, la justicia, la equidad y solidaridad, en perjuicio de los menos favorecidos.
El Estado no puede permanecer indiferente ante el beneficio injusto e inmoral de intereses individuales, egoístas, que pretenden aprovecharse de situaciones de crisis o emergencia económica o desastres naturales mediante el incremento irrazonable de precios o la especulación con productos de primera necesidad o servicios públicos (alimentos, medicamentos, transporte, por ejemplo).
Allí donde algunos sostienen que todo debe resolverse por el mercado y las reglas de la oferta y la demanda, la opción constitucional por una economía social de mercado impone al Estado un deber político y ético de intervención para remediar tales prácticas abusivas.
VALORES Y PRINCIPIOS
La economía social de mercado está fundada bajo valores éticos que son definidos como trascendentes y universales para la doctrina social. Este sistema se ha implementado en varios países del viejo continente y se comporta como el contrario a los sistemas económicos socialistas de planeación y a la economía de tendencia liberal, por lo que es considerada como una tercera vía.
Los valores éticos en los cuales se fundamenta la economía social de mercado se centran en principios que guardan relación con la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiaridad, a fin de lograr un sistema económico al servicio del hombre. Por lo mismo se entiende como un sistema liberal con márgenes y límites reglados según una agenda valórica y de principios.
Entre los principios constitutivos de la economía social de mercado, encontramos siete principios básicos. En primer lugar, el sistema de “competencia perfecta”, un sistema de precios para el que es necesaria una gran cantidad de oferta y de demanda. Por otra parte, la “estabilidad de la moneda”, donde se mantiene su valor en forma constante, labor a cargo de un banco central independiente del gobierno. Además encontramos el “libre acceso a los mercados”, en el que no deben existir barreras para ingresar a los diferentes mercados. Luego, en cuarto lugar, la “libertad contractual” se refiere a la necesidad de la libertad de contrato necesaria para la competencia, sin embargo, es posible que, en este caso, el gobierno intervenga en dicha libertad, garantizando la justicia social. En quinto lugar encontramos la “propiedad privada con función social” o “hipoteca social”, que se refiere a que, dentro de los fundamentos de la economía social de mercado, se encuentra la propiedad privada de los medios, subordinada al principio de destino universal de los bienes. En sexto lugar, la “plena responsabilidad”, en otras palabras, la búsqueda libre del beneficio económico guardando valores éticos como el bien común, la moderación y la responsabilidad ambiental. Por último, la “constancia de la política económica”, la que debe garantizar el bienestar de todos los actores sociales.
Reflexiones:
El asunto sería tan simple, si es que nos quedamos en la teoría. Creo que cada ciudadano tiene el deber cívico y moral de conocer el tipo de vuestra economía, y luchar desde vuestras posiciones, por un orden económico más justo. Se trata de la economía de toda una región o país. Por ello, desde esta columna, dejo a la consideración de peruanos, mexicanos, colombianos, venezolanos, españoles, chilenos, etc., enviar sus comentarios; sin ninguna clase de perjuicios ideológicos, ni políticos.
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