LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERÚ: PROPUESTA DE UN MODELO SOSTENIBLE

La economía peruana tuvo un crecimiento muy importante durante el período 2000-2012 que sobrepasaba una tasa histórica del 6%. El proceso de desaceleración económica durante el 2013 y 2014 es bastante preocupante. Quizás cerremos el año con una tasa del 2% aproximadamente, según las proyecciones de los expertos. Es de dominio público que los motivos de esta recesión se deben a varios factores, externos e internos.

Entre los factores externos, tenemos la menor demanda de minerales y otras materias primas por parte de los EE. UU. y China, principales socios comerciales del Perú. A esto se han sumado las menores demandas por parte de la gran mayoría de países de Europa, Asia, y América como efecto de la vigente crisis mundial. La caída de los precios internacionales de los Commodities quizás sea una de las  consecuencias de la disminución de demanda por parte de los países industrializados.Los países con una matriz productiva básicamente primaria y extractiva como el nuestro, obviamente se enfrenta a dos amenazas inminentes: menor demanda de sus productos y menores precios. Esta situación no sólo está generando pérdidas importantes en las industrias que conforman el aparato productivo nacional, sino además puede provocar un freno al desarrollo social en el mediano y largo plazo, principalmente en los sectores más vulnerables de la población peruana. 

Si volteamos la mirada hacia los factores internos que vienen contribuyendo en el receso de nuestra economía, no podemos dejar de mencionar los más evidentes: los aún vigentes conflictos sociales. Muchos de estos conflictos nacieron desde el sector minero y ante la renuencia o negligencia del gobierno nacional y la gran parte de los regionales, se han fortalecido con el paso del tiempo. El caudillismo como fenómeno político y social ha encontrado las condiciones favorables para resurgir en el escenario político.Los resultados de las recientes elecciones regionales y locales, dan cuenta de esta afirmación. Un mal síntoma que fortalece al caudillismo, es precisamente la ausencia del partido oficialista en dichas elecciones: no presentó ningún candidato, quizás por temor al fracaso total, lo que permitiría a la oposición el logro de un mejor posicionamiento para las próximas elecciones generales, cuya campaña empieza en pocos meses.

Uno de los factores internos es la desmesurada burocracia estatal, politizada y carente de criterios técnicos; condiciones que la han convertido en una trampa mortal para lograr una gestión transparente, oportuna, eficiente y eficaz. Los entrampamientos del desarrollo, consisten en los engorrosos trámites administrativos o “cuellos de botella” para obtener licencias de funcionamiento, aperturas de industrias, evaluación del impacto ambiental, etc. Ningún inversionista podría poner en juego sus capitales, ante las dificultades que presenta el propio gobierno. La “corrida” del capital extranjero en el sector minería ha sido muy evidente durante los dos últimos años.

Otro de los factores internos mencionables es la seguridad interna. Los frecuentes actos criminales sucedidos casi en todo el país han generado un clima desfavorable a las inversiones nacionales y extranjeras. Esta situación viene siendo fortalecida por la corrupción de mandos policiales y jueces inescrupulosos, que evidentemente responden a intereses mezquinos y forman parte de viejas estructuras favorecidas por los gobiernos de turno.

Estas condiciones negativas, aunadas a una precaria calidad parlamentaria -oficialismo y oposición- ofrecen el caldo de cultivo para desarrollar con mayor vigor la informalidad, el narcotráfico y hasta provocar el renacimiento del peor flagelo de nuestra historia: la subversión o terrorismo. Una bancada oficialista, disminuida, con pocas ideas para legislar, pero muy preocupada en la búsqueda de estrategias con el propósito de “blindar” a sus aliados de gobierno o personajes allegados, pero protagonistas de escándalos de corrupción, sumado a una oposición carente de argumentos y fuerza para proponer iniciativas de leyes concordantes con las necesidades sociales; están alimentando el descontento popular. Pareciera que el oficialismo y la oposición coinciden precisamente en estos aspectos negativos. Un parlamento convertido en circo, no es precisamente un buen precedente, aunque los gobiernos que pierden la hoja de ruta o se desvían de sus ideales, caen en la tentación del consabido “Pan y circo para el pueblo”. Los reiterados “blindajes” a cuestionados personajes, las estériles discusiones parlamentarias, las mediáticas apariciones de algunos ministros que aparecen en casi todos los canales de TV, bien para declarar la inocencia de algún colega gobiernista, bien para irrogarse la autoría de las capturas de asaltantes o carteristas; fortalecen un escenario cuasi circense, con alto predominio de informalidad e irresponsabilidad.

Si seguimos con la idea del “Pan y circo….”, el pan podría ser representado por las donaciones de alimentos que distribuye el gobierno a los sectores vulnerables de la población, bajo un enfoque asistencialista a través de algunos programas sociales de tipo alimentario y no alimentario (Vaso de leche, Comedores populares, Cuna Más, Desayuno escolar, etc.). Los programas sociales en el Perú fueron concebidos para apoyar a los pobres y extremadamente pobres del Perú, pero con el tiempo se han convertido en una herramienta eficaz para mantener con cierto grado de quietud o conformismo a la gran masa popular.

Aunque parezca paradójico, los ingentes recursos destinados a estos programas sociales, cada vez son mayores y se están convirtiendo en un factor contrario al desarrollo social y también a los esfuerzos de la lucha contra la pobreza y por la inclusión social. De un análisis realizado a 7 programas sociales (3 alimentarios y 4 no alimentarios), el Estado destina un presupuesto cerca de S/. 2,800´000,000 anualmente. De este presupuesto, casi la mitad se pierden, por causa de la corrupción, inoperancia y negligencia de los funcionarios a cargo. Esta condición tiene un nombre técnico, casi diplomático: “filtración”.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) define filtración a la atención por parte de los programas sociales a aquella población considerada no pobre y se encuentra recibiendo un beneficio que no le corresponde. De otro lado, la subcobertura es la no atención a aquella población que debiera recibir el beneficio que los programas sociales brindan (por su condición de pobreza o pobreza extrema) pero está excluida de la atención de los mismos.

Quizás el gobierno actual esté tras la búsqueda de mejores estrategias o implementar instrumentos de focalización para enfrentar a estos dos elementos perniciosos, convertidos casi en “inherentes” a los programas sociales, pero los resultados no dan cuenta de ello. Es urgente un plan de mejora en la asignación de los recursos fiscales en favor de la población más vulnerable del país. Ojos vendados y “oídos sordos” son posturas anidadas en la mayor parte de funcionarios de los programas sociales, ante los cuestionamientos o reclamos por algunos incidentes graves (intoxicaciones, negociados, desfalcos, etc.).

Sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2012 (ENAHO 2012), a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se han elaborado estimaciones sobre el costo de la inefectividad de la gestión de los programas sociales, considerando las cifras de filtraciones halladas en cada programa social, en el entendido que estas pueden ser catalogadas como un gasto público mal asignado. En cuanto a la subcobertura, la estimación es más

complicada, debido a que se hace necesario considerar el beneficio que se deja de obtener por mantener una parte de la población objetivo, sin la respectiva atención. Aquí ya estamos hablando de un asunto de impacto social.

El presente cuadro nos muestra el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado para el año 2012 de los tres programas sociales alimentarios y cuatro programas no alimentarios, con sus correspondientes costos, bajo una metodología consistente en el cálculo del costo por beneficiario.

Frente a este escenario, con preocupantes posturas, cifras alarmantes e ineficiencias en el gasto público; considero que se deben retomar acciones orientadas a optimizar manejo de los programas sociales. Un manejo óptimo de los recursos escasos no termina en el cambio de funcionarios, o en el cambio de nombre de programa, pero tampoco en el cambio de discurso. Partiendo que la corrupción, ineficacia e ineficiencia instaurados en los programas sociales, datan de muchos años y responden a un sistema desfasado con la realidad actual, sin planes de contingencias, sin visión ni plazos establecidos para la reconversión de asistencialismo a responsabilidad social; considero que la solución puede vislumbrarse con mayor claridad a través de un nuevo modelo de programas sociales, sin la necesidad de cambiarles de nombre, sin la necesidad de cambiar la estructura funcional ni programática. 

Este modelo propuesto establece un cambio en la concepción de pobreza y extrema pobreza en la práctica. Con un gobierno electrónico adecuadamente implementado, será posible entre muchas ventajas más, registrar también a cada uno de los beneficiarios, bajo un seguimiento sistemático. Una declaración jurada sería parte del inicio en la recepción responsable de la donación alimentaria o no alimentaria. El seguimiento sistemático y transparente sería el instrumento para garantizar la cobertura y evitar la filtración. Los plazos establecidos para convertir el asistencialismo en opciones laborales del beneficiario serán relativamente cortos, ya que paralelamente deberá existir un programa transversal ligado al Ministerio de Trabajo e instituciones conexas que brindarán el apoyo consistente en el acceso al mercado laboral formal. Universidades, Institutos, Academias, etc., deberán reactivar sus programas de proyección social y bolsas de trabajo para los beneficiarios que elijan una competencia o disciplina laboral. El emprendimiento será un sector muy favorecido, porque será alentado por las Mypes y la gran industria. Las cuotas de contratados pueden significar beneficios fiscales para los empresarios.

Naturalmente que los recursos necesarios para la implementación pueden ser mayores, pero no olvidemos que la inversión en el capital humano es el factor más rentable y esta acción en la práctica en el largo plazo, será la verdadera palanca de desarrollo. El objetivo es que la población realmente pobre salga de la actitud conformista y desarrolle habilidades en alguna opción laboral o pueda quizás convertirse en dueño de su propio empleo si la decisión se orienta hacia el emprendimiento.

Con este modelo, será necesario un cambio de actitudes no sólo de los funcionarios a cargo, el cambio más importante será el cambio de actitud de los beneficiarios. Ellos deberán comprender que las condiciones económicas del país no pueden ser siempre las mismas, por lo tanto, la lógica es que los programas sociales deben ser de corta duración. El final del beneficio social debe ser el comienzo de una mejor vida, de una mejor actitud, de una visión de futuro, de una elección de vida con verdadero sentido: constituirse en una persona calificada y bien remunerada o formar una pequeña empresa y a través de ella generar empleo y riqueza.

Los funcionarios a cargo deberán tener los conocimientos de gestión necesarios, deberán exponer sus actividades y establecer todos los nexos correspondientes con los gobiernos locales y órganos de control, a fin de garantizar el buen manejo de los recursos. El acceso a la información pública y la transparencia de sus actos deben estar garantizados a través de los portales institucionales virtuales. Los indicadores de desempeño deben ser implementados y deben ser instrumentos para la promoción, ratificación o remoción de funcionarios, según corresponda. No se trata solamente de apuntar a una mejor preparación del funcionario, es importante también que los beneficiarios se informen, se instruyan y cualifiquen en una opción laboral. El mejor programa social será aquél que logre la reconversión de los beneficiarios en trabajadores calificados o en pequeños empresarios.

Los sectores de agricultura, producción, comercio, turismo, etc. coadyuvarán como entes vinculantes en la promoción y facilitación al acceso temporal o estable en las empresas de sus judicaturas, a los beneficiarios preparados o graduados en algunas de las disciplinas. Es importante que los programas sociales tengan un carácter vinculante a alguna de las actividades económicas, y a su vez cuenten con una estructura de corte transversal con carácter sectorial.

La sostenibilidad del modelo propuesto se fundamenta en que a medida que los beneficiarios accedan a las distintas opciones laborales, decrecerá el desempleo y la pobreza. El crecimiento de la tasa de empleo tendrá como efecto mayor demanda de bienes y servicios, por consiguiente el consumo aumentará ostensiblemente. Esta situación hará posible la reactivación en el mediano y largo plazo, según sea la velocidad de adecuación e implementación. Convertir al beneficiario en un trabajador calificado o en empresario será parte del objetivo. El programa social deberá tener la suficiente capacidad y flexibilidad para convertirse en un ente promotor del desarrollo humano. Esto sólo será posible si el gobierno de turno comprende y se compromete a no usar los programas sociales como una grosera modalidad de agenciarse votos, cambiando voluntades por alimentos o contratando funcionarios carentes de preparación y de sensibilidad social. El acuerdo nacional debe ser instrumento válido en esta propuesta.

LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA

Este breve ensayo pretende buscar la reflexión de colegas economistas, alumnos de pregrado y postgrado, así como de docentes de las diferentes carreras afines a las ciencias económicas.

Recientemente se está cuestionando la enseñanza económica por una serie de razones que se vienen suscitando años atrás. Se afirma por ejemplo, que la práctica o ciencia de la economía está generando controversias por su falta de capacidad para identificar y explicar detalladamente la burbuja financiera, luego del colapso económico global del 2013. Existe una fuerte corriente de alumnos y catedráticos de economía, cuestionando las bases mismas de la enseñanza económica. ¿Debería seguir enseñándose la economía como viene haciéndose desde hace años?, es la pregunta sobre la mesa de debate propuesto por el autodenominado Post-Crash Economics Society, importante agrupación de estudiantes de Economía de la Universidad de Manchester (Inglaterra) que hoy integra a catedráticos famosos de economía alrededor del mundo.

Aunque suene a coincidencia, los sistemas políticos vigentes en el mundo se encuentran duramente cuestionados en la mayoría de países. En Latinoamérica, Africa y Asia el asunto toma ribetes de una enfermedad crónica, siendo una de las principales causas la corrupción por parte de la clase gobernante.

Echemos una mirada a Latinoamérica: De acuerdo a un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), publicado en diciembre de 2013, Venezuela y Paraguay son percibidos como los países más corruptos de Latinoamérica. Uruguay y Chile son percibidos como los líderes en transparencia. El director regional de TI, Alejandro Salas, destaca las caídas de Centroamérica como bloque y explica que los grupos del crimen organizado necesitan la corrupción para traficar con drogas, armas y personas.

Completan el grueso grupo de países con alto nivel de corrupción: Perú (38), Colombia (36), Ecuador (36), Panamá (35), Argentina (34), Bolivia (34), México (34) y República Dominicana (29), en el entendido que la escala empleada por TI va del 0 (sumamente corrupto) al 100 (muy transparente). Esta ONG concluye que la corrupción en el sector público es uno de los mayores desafíos a nivel mundial.

Quizás parezca haberme salido del tema, pero considero que la enseñanza de la economía no debe estar aislada de los fenómenos sociales y económicos actuales. La enseñanza económica tradicional se caracteriza por plantear modelos económicos desfasados e inaplicables a nuestra realidad y esta condición sigue vigente. Sólo revisemos las mallas curriculares de universidades públicas y privadas. En las universidades públicas se mantiene el orden tradicional y los cambios brillan por su ausencia. En el caso de las universidades privadas, los cambios son irrelevantes y las que dicen ser de “mayor reconocimiento” son aquellas cuyo plus está reflejado en innovaciones y propuestas de orden gerencial, ofreciendo irresponsablemente que sus egresados serán empresarios, es decir, la enseñanza de la economía se reduce a la empresa. No es malo ser empresario, pero la empresa no lo es todo en el campo del economista, ni es el objeto de la ciencia económica. Para aterrizar en una sana pero básica conclusión, imaginemos a la mayor parte de la población como empresarios.

Aprendí que la ciencia económica tiene por objeto el bienestar de la sociedad, considerando la escasez de recursos económicos. En consecuencia, propongo que nuestro nuevo modelo de enseñanza económica deba incluir aspectos relacionados al bienestar social. Para empezar, debemos incluir la integración social, económica y cultural. El modelo de mercado no sólo debe considerar las variables demanda y oferta. Debe existir una tercera variable relacionada al sistema político. La demanda en Perú no tiene el mismo comportamiento que en Cuba o en Venezuela, por ejemplo. Lo mismo sucede con la oferta. En consecuencia, es el sistema político vigente en cada sociedad la que finalmente define el comportamiento de cada una de estas dos variables que tradicionalmente son las únicas que mueven el mercado.

Un sistema político transparente, libre de corrupción o con bajos niveles de corrupción; naturalmente crea las condiciones para lograr el bienestar social. El crecimiento de las variables macroeconómicas no es precisamente el reflejo de mejores condiciones de vida o mejor bienestar social, como es el caso que se quiere hacer creer en el Perú. Lo que sí está demostrado es que este crecimiento económico tiene como contraparte una mayor brecha entre ricos y pobres. Es decir, los ricos son mucho más ricos y los pobres mucho más pobres. Aquí es donde surgen las interrogantes: ¿Para qué sirve la enseñanza de la ciencia económica?..... ¿Para buscar hacer más ricos a pocas personas? ¿O para generar condiciones de una real y justa redistribución de la riqueza? ¿Es moral hacerse rico a costa de miles que sufren miserias?

Considero que con estas pocas preguntas es posible arribar a un debate, quizás pequeño por ahora; pero crecerá en la medida que crezca nuestra conciencia y responsabilidad social.

Hasta pronto.

EDUCACIÓN Y ECONOMÍA – REALIDAD Y POSIBILIDADES

Durante mucho tiempo la sociedad peruana viene soportando los efectos de una educación caracterizada por importantes falencias. Nuestros egresados escolares no cuentan con verdaderas oportunidades para enfrentar con éxito hacia el reto de una preparación universitaria de calidad, menos para enfrentar a la vida, por una condición laboral decente. Las competencias adquiridas en la escuela no están acordes con las necesidades del mercado laboral. Los informes PISA muestran reiteradamente cada año, la precaria condición de nuestra escuela.

Nuestras universidades en general –públicas y privadas- adolecen de las necesarias investigaciones científicas. El quehacer universitario se ha reducido al servicio docente, equipamiento e infraestructura física. Las labores investigativas sólo se hacen en muy pocas universidades y en cantidades muy reducidas. Quizás sea ésta la causa más relevante de la crisis universitaria en nuestro país.

La economía peruana ha sido descuidada durante los últimos años, pero en realidad este descuido proviene de un tiempo mayor. Casi un 70% de nuestra economía depende de la actividad minera. Los precios de los minerales se mantuvieron elevados hasta el 2013, por lo que nuestra economía creció de manera sorprendente. Para nadie es un secreto que nuestra economía fue favorecida por los elevados precios de los minerales, sin embargo sabemos también que esto es un tema coyuntural y temporal. 

Actualmente, con los precios bajos y con una menor demanda internacional de minerales, obviamente la economía ha entrado a una etapa de receso, más aún, considerando que no se resuelven los conflictos mineros, los cuales han trascendido a verdaderos conflictos sociales y hasta fortalecidos en algunas localidades si damos una mirada hacia los resultados de las recientes elecciones regionales y municipales 2014.

La inacción del gobierno central, desatinado en asumir medidas y actitudes frente a fenómenos preocupantes como  la informalidad, la ilegalidad, el narcotráfico y el sicariato que están sometiendo a buena parte de nuestra sociedad, con ministros sin personalidad, inoperantes y mediáticos, con un aparato judicial corrupto y con un congreso perdido en discusiones inútiles; vienen afectando aún más la situación económica de nuestro país.

Esta situación vergonzosa se repite en cada gobierno de turno. Lo más peligroso quizás no sea la condición económica en el corto plazo, que queda como resultado. Lo más peligroso de este saldo es el mal ejemplo que se deja a nuestra juventud estudiosa y que prevalecen en el largo plazo como un modelo  a seguir desde los puestos públicos hacia las aulas. Se deja a la corrupción, a la impunidad y a los antivalores, como verdaderos temas invisibles de enseñanza, pero que se apoderan del inconsciente del estudiante. Se deja constancia una vez más que el poder de las grandes mafias puede comprar el silencio o complicidad de ministros, congresistas, jueces y altos mandos del ejército y de la policía. 

Se deja constancia que el poder político es un instrumento que no sólo sirve para aumentar los ya elevados sueldos de ministros y altos funcionarios del gobierno, sirve también para reprimir con violencia y acallar las demandas del gran sector popular. Queda como enseñanza que para mantenerse en un puesto público no son necesarias la educación, los valores y la preparación universitaria, pero sí es requisito indispensable, defender lo indefendible y apoyar en el blindaje a delincuentes de “cuello y corbata” sin importar el daño que se hace al país, al esquema educativo y por ende, a las presentes y futuras generaciones. 

Estas malas enseñanzas, naturalmente afectan la mentalidad de nuestros escolares y universitarios, proponiéndoles una nueva conducta con una “moderna escala de antivalores”, en reemplazo de la verdadera escala de valores.

Ante este escenario vergonzoso y plagado de delitos impunes…. ¿Será posible atraer las inversiones extranjeras? ¿Será posible encontrar la armonía entre los agentes económicos? ¿Será posible apuntar hacia un desarrollo sostenible? ¿Será posible hablar de economía social de mercado o de responsabilidad social de la empresa?

Esta es la relación existente entre nuestra educación y economía. No será posible la implementación de un adecuado modelo educativo, considerando que quienes tienen las riendas del poder político, no tienen la capacidad de enseñar con el ejemplo. Tampoco será posible lograr una economía al servicio de la sociedad, porque nuestros gobernantes no tienen la capacidad de desprendimiento ni sensibilidad social, en vez de ello anteponen sus apetitos personales, ambiciones partidarias, negocios turbios o simplemente callan, se encubren  o se defienden torpemente, quizás preparándose para procesos reeleccionistas, facilitadas por el actual orden democrático.

Y es que la educación escolar y universitaria están articuladas y no constituyen solamente un servicio programado para adquirir las meras competencias y habilidades. Se constituyen también en un gigantesco receptáculo de los valores y antivalores, ejemplos y pecados, virtudes e inmoralidades de la clase política. La velocidad de la información y del conocimiento es un factor ineludible hoy en día.

Educación y Economía son dos columnas que soportan el esquema del desarrollo social, cuya sostenibilidad depende de sus fortalezas. Queda en nosotros como parte de la sociedad en contribuir al fortalecimiento de estas dos grandes columnas, sin olvidar que ambas deben estar orientadas hacia la búsqueda de un objetivo común: el bienestar social.

NUESTRA ECONOMÍA: LO QUE SE DICE Y LO QUE NO SE DICE

Desde hace varios años, nuestra economía viene siendo un tema central en las conversaciones en casi todos los aspectos: sociales, políticos, ideológicos, laborales y hasta religiosos. Casi todo lo que se dice de ella, habla en términos de bondad, crecimiento, variedad, disciplina fiscal, sostenibilidad, etc. Estas virtudes están reflejadas en la gran cantidad de obras físicas realizadas hasta la fecha: edificios públicos y privados, carreteras, puentes, obras de ornato público, centros comerciales, modernización y ampliación de los equipos de información y comunicación y todos los cambios que se dan en una sociedad, como efectos de estas mejora. El  consumo privado también se ha puesto de manifiesto, llegando a niveles insospechados. Al parecer,  vivimos en una  “época de bonanza”, producto del desarrollo económico.

Sin embargo, para nadie es un secreto que  nuestra economía depende en gran parte (casi 75%) de la actividad minera, por lo que podemos colegir que nuestra economía es también muy sensible ante cualquier mínimo cambio en los precios internacionales de los minerales, niveles de inversión, legislación, demanda internacional, etc. Precisamente, por los elevados precios internacionales del cobre, hierro, oro y plata durante la última década, nuestra economía acusó un crecimiento promedio casi  del 6%. Pero, desde el año 2013, la demanda de minerales y sus precios internacionales cayeron a niveles preocupantes. Además, la inversión en exploración minera en 2013 cayó en 26%. Para el presente año,  la tendencia también es hacia la baja. 

El nivel relevante en el consumo interno durante los años 2012- 2014, ya no estarían al mismo ritmo del crecimiento. El uso de las tarjetas de crédito o “billete de plástico” puede resultar un buen indicador de nuestra economía interna: hay más de 8 millones de éstas circulando en el mercado interno. El consumo con este medio llegaría al 10% promedio mensual en el presente año, según estimaciones de ASBAN (Asociación de Bancos). El 2012, el consumo con este medio de pago registró un promedio del  20% mensual. La misma fuente afirma que actualmente la morosidad de tarjetas de crédito registra el 6.19%. Esta es una cifra histórica y muy preocupante, que evidencia el enfriamiento o desaceleración en el crecimiento de nuestra economía.

Esta situación difícil por la que atraviesa nuestra economía se está vulnerando más con las precarias gestiones de muchos funcionarios, presidentes regionales, alcaldes, ministros, congresistas, jueces y hasta algunos fiscales; quienes dieron la espalda a la noble misión encargada, han preferido caer en el lodazal de la corrupción. Transparencia Internacional nos vuelve a ubicar en diciembre de 2013 en el puesto 83, con 38 puntos sobre 100 (100 representa menor corrupción), junto con El Salvador, Mongolia, Trinidad y Tobago y Zambia. Los recientes encarcelamientos de tres presidentes regionales y uno prófugo, nos dejan un claro sinsabor o descontento popular, que nos obliga “pisar tierra” hacia una percepción realista de nuestro entorno económico. 

Empiezan las campañas electorales regionales y municipales. Esperemos que la actitud del elector sea más realista, más objetiva y menos materialista. A los candidatos no se les puede pedir mucho, ya que la mayor parte de ellos, con elevada ignorancia y casi nada de sensibilidad social, consideren que gastar más en publicidad o en “regalitos” los hace mejores o más “buenitos”. Una vez que llegan al poder, buscarán “recuperar con creces” los millones invertidos en paneles, pintas, etc. La historia quizás se repita. Todo depende de la calidad de electores que tenemos.

LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Considero pertinente tratar un asunto de mucha importancia, como es el relacionado al título del tema presente.

En el hermano país del Ecuador se encuentra vigente una norma denominada “Ley de la economía popular y solidaria”, la misma que describe dicha forma de producción, “al conjunto de formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, autogestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen simultáneamente la calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital, formas de organización de la economía popular y solidaria”.

Están excluidas de la economía popular y solidaria, las formas asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal, no sea la realización de actividades económicas de producción de bienes y servicios o no cumplan con los valores, principios y características que sustentan la economía popular y solidaria. Se excluyen también las empresas que integran el sector privado, sean individuales o constituidas como sociedades de personas o de capital, que tengan como objeto principal la realización de actividades económicas o actos de comercio con terceros, con fines lucrativos y de acumulación de capital.

En este sentido, se puede afirmar que el gobierno del Ecuador está impulsando un novedoso modelo que permitirá inobjetablemente reducir la pobreza y construir una mejor calidad de vida para el sector popular del Ecuador.

En el Perú, el cooperativismo tuvo su mejor época en la década de los 70, una forma de producción, cuyos objetivos fueron muy similares a los establecidos en el presente modelo ecuatoriano. Nuestro sistema cooperativo desapareció en la década de los 90, con los ataques sistemáticos originados desde la banca privada, toda vez que el sector cooperativo crecía indeteniblemente, aunque en forma desordenada y hasta informal.

Hoy en día, la economía peruana tiene su mejor soporte el las pequeñas y medianas empresas, las que han desarrollado eficientes formas de producción, lo que les ha permitido el reconocimiento internacional.

Nada de esto ha sido fácil para nuestro empresariado, pequeño o mediano. Las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Ollanta Humala Tasso, no consideran el necesario requisito que todo proyecto social debe contener: “La sostenibilidad”. No puede existir sostenibilidad cuando se orientan decenas de millones a programas asistencialistas que consiste en “repartir los fondos públicos” a peruanos que “tienen más de 65 años y cuentan con pensión alguna”. No existe contrapartida en este festín de derroches. Ha habido denuncias comprobadas que quienes se han aprovechado de este despilfarro, precisamente pertenecen a septuagenarios familiares o amigo del partido oficialista. Los programas del “Vaso de Leche”, “Comedores Populares”, “Juntos”, “Cuna más”, “Desayunos escolares”, etc.,  tienen similares ribetes, en la cual los designados directivos se han preocupado más en utilizar o direccionar los fondos asignados para la construcción de aparatos de propaganda proselitista en favor del presidente y de la futura reelección de congresistas, regidores, alcaldes, etc. Es decir todo un círculo vicioso de corrupción a nombre de la necesidad del pueblo peruano.

No creo que el presidente ecuatoriano necesite tantos recursos para reelegirse o reelegir a sus “ayayeros”, o quizás buscar construir alguna candidatura alterna a la “renuncia a candidatear” de la Primera Dama.

Tampoco podemos desconocer algunos aciertos por parte del gobierno. Uno de ellos es hablar poco y hacer muy poco. Peor es hablar mucho y no hacer nada, como es el caso de nuestra testaruda y durmiente alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Claro que los caviares y neo comunistas saldrán al frente para defender lo indefendible, aunque los problemas del transporte público, vías de acceso, comercio ambulatorio, seguridad ciudadana y la acumulación de basura, sean realmente insoportables en gran parte de los distritos de Lima Metropolitana. Sin capacidad de gasto y encaramada al poder, Susana Villarán sí tuvo tiempo para unirse al grupo “nacionalista” y poner su voz de “autoridad” a favor de la tristemente célebre “repartija”, apoyando la candidatura de la cuestionada regidora de Lima, Pilar Freitas al cargo de Defensora del Pueblo.

Presidente y alcaldesa, se unieron a los afanes fujimoristas y toledistas para armar el concierto de la “repartija” de cargos en la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional y del BCR. Armaron un concierto de música corrupta, sin importarle el reclamo popular. La música fue tan estridente y provocadora, que sus propios refugios congresales perdieron el GPS y dedicaron su trabajo en otro planeta. El resultado, todos los peruanos lo conocemos.

A pocas horas del mensaje presidencial, cabe la oportunidad para que el presidente Humala haga un “mea culpa” ante la nación y se dedique a gobernar para y por el pueblo. El inadecuado apelativo de “cosito” seguirá vigente, sino se amarra los pantalones y demuestra ante la nación que es él quien gobierna y no Toledo, ni Cofide, ni la Primera Dama, quien merece todo el respeto del pueblo peruano, sin embargo a ella nadie la eligió para gobernar, menos para dar indicaciones u órdenes a los ministros en plenas ceremonias públicas.

El infame acto de la “repartija” nos deja una terrible sospecha: Al gobierno de turno sólo le interesa el copamiento de poderes, más no de la “Gran Transformación” como fue su promesa de campaña política. Por supuesto que los sobones gobiernistas pululan hasta en los medios de comunicación. Gracias a Dios que en el Perú existen medios de comunicación masiva con la capacidad de desnudar la corrupción en los altos niveles. Día a día se siguen viendo la corruptela de la policía, pero inexplicablemente capturan a los subalternos. Quienes digitan la corrupción desde los altos mandos nunca son capturados ¿?.

Sería insensato pretender mejorar la calidad de vida de los peruanos, aplicando fórmulas novedosas como las implementadas con mucho éxito por Rafael Correa en el Ecuador; si primeramente no se corrigen las malas “posturas” de la clase gobernante. Ninguna fórmula por muy buena que parezca, sería aplicable en un terreno donde cunde la corrupción, el cinismo, el chantaje y el blindaje político. En consecuencia, primero, es lo primero: Allanar el camino y por lo menos hacerle caso a Nadine cuando dijo: “Es tan difícil caminar derecho”. Pero lamentablemente lo dijo, poco tiempo después de haber movido “cielo y tierra” para hacer nombrar como Jefa de SUNAT a su prima, negando el hecho con el silencio palaciego. Se sabe que la Telefónica debe al Estado Peruano más de 2,300 millones de soles, y también  se sabe que recientemente la Telefónica ganó un juicio a la SUNAT, justamente en razón a ello. Curioso caso que no hace más que sospechar de las “virtudes” de la prima de Nadine y Jefa de la Sunat.

Que estas Fiestas Patrias sea un gran momento de reflexión cívica y patriótica, pero también de gran reconocimiento a la nueva generación de jóvenes, quienes se opusieron tenazmente a la Repartija de cargos dispuestos ilegalmente por el Congreso Peruano. Felizmente ganó nuestra juventud, la madurez de todo un pueblo y el criterio consecuente de pocos legisladores (aún quedan), como es el caso de Johnny Lescano, Mauricio Mulder, García Belaúnde y hasta Cecilia Tait. La moralización no debe ser una prédica, sino una práctica continua que debe empezar desde la cúpula del poder.

OLLANTA HUMALA Y SU CEGUERA POLÍTICA

A pesar de no haber votado por el “mal menor”, es decir, por Ollanta Humala, pensar que podría tratarse de un presidente con tantas falencias era una idea muy distante en aquel entonces, pues estas tantas falencias son muy difíciles de encontrar en hombres de Estado. Sólo en el Perú podría ocurrir una cosa semejante.

No me refiero precisamente a falencias de orden cultural, ni siquiera de conocimientos elementales. Se trata de una ceguera impropia de ciegos o tuertos. Un ciego o un tuerto se conectan con suma facilidad con el entorno social y puede superar la limitación física, a pesar de la indolencia o indiferencia de un sistema imperante de exclusión social.

Un presidente nacional, con todas las prerrogativas, con todo el apoyo popular, con una oposición disminuida, con una esposa y primera dama muy inteligente, joven y trabajadora, con una bancada congresal mayoritaria, con aliados penitentes e impenitentes, con las fuerzas armadas y policiales saturados de “personal con rodilleras” y miembros de su promoción, con dirigentes cocaleros y “de los otros” como incondicionales aliados, etc., etc.,… no parece ser justo que cometa semejantes barbaridades como el reciente y vergonzoso acto, tristemente conocido como “la repartija” o reparto de cargos públicos, cuya condición de autonomía y alto nivel le permitiría consumar una serie de acciones reñidas contra la constitución y la moral de toda una nación.

Ollanta Humala prácticamente se ha ensañado contra el pueblo peruano, primero incumpliendo sus promesas al asumir el máximo encargo de la nación. Luego, en vez de generar conciencia y solidaridad con los pueblos más alejados, más bien promovió una serie de conflictos sociales tratando de usufructuar los recursos minerales, arrebatando y depredando los recursos hídricos y bosques naturales; al lado de la gran empresa irresponsable. Luego, encabezó una maquinaria desde la bancada oficialista para lograrel “blindaje” o encubrir actos delictuosos cometidos por altos mandos militares, policiales y hasta civiles, como es el reciente y cínico apoyo a su cogobernante, el ex presidente Alejandro Toledo, pese al clamor popular y a las bárbaras contradicciones del “sano y sagrado”, que ponen en ridículo a la administración de justicia nacional ante los organismos internacionales.

Finalmente, cual moderno Pilatos, “pidió que renuncien” los personajes designados desde Palacio vía Congreso a través de un pacto infame con fujimoristas y toledistas, pero cuestionados por todo un pueblo que empieza a despertar luego de un largo letargo en la actividad política. Aquel despertar no es tardío y merece el reconocimiento de todo el pueblo peruano, porque quienes se movilizaron fueron los jóvenes universitarios de la UNMSM, de la Católica, de la UNI, de la Agraria y hasta de universidades de reciente creación. Fueron nuestros jóvenes quienes rechazaron con contundencia esta afrenta de un presidente con ceguera política, incapaz de conectarse con la realidad, incapaz de valorar la oportunidad que el pueblo peruano le dio para reivindicarse y llenarse de gloria pudiendo cumplir con un proyecto político que sólo sirvió para la campaña electoral. Su bancada congresal quedó totalmente desacreditada ante la huachafería portátil condicionada de prebendas.

Un cambio de actitud no le vendría mal a nuestro presidente de caminatas y carreras. Tiene tiempo de reivindicarse, tiene tiempo de “descolgarse de aliados nacionales y extranjeros que sólo han demostrado restar”, tiene tiempo para darse cuenta que la extrema sobonería también es perjudicial y aún tiene tiempo para curar heridas abiertas a nuestra democracia, saldar deudas al pueblo peruano y a reencontrarse con el verdadero encargo que el pueblo le dió con esperanzas.

“No hay peor ciego que aquél que no quiere ver”.