17 de junio de 2009

LA POLÍTICA DEL "PERRO DEL HORTELANO"

Quién no escuchó alguna vez: “es como el perro del hortelano, que no come ni deja comer”, frase célebre para indicar el carácter improductivo de cierta persona. Pero de lo que me voy a referir en este artículo, se refiere a la concepción que tiene nuestro presidente y compañero, Dr. Alan García Pérez, en su artículo “El Perro del Hortelano”, título muy sugerente, en la cual plantea la solución al delicado tema de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.

Este texto constituye una importante definición programática en torno a la forma en que concibe el actual gobierno con relación a la participación de nuestros indígenas en el desarrollo nacional y es el marco dentro del cual el Parlamento ha promulgado muy importantes leyes. García parte de la idea que en el Perú “hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo”. Su preocupación fundamental se centra en la propiedad del suelo, especialmente en la de las comunidades.

Para sacar a los campesinos de la miseria y el atraso, García propone incorporarlos al mercado a través de la venta de sus tierras, con el objetivo de atraer capitales y tecnología. Su propuesta está dirigida a concentrar la propiedad en manos de grandes empresas, en desmedro de las comunidades nativas de la selva, las comunidades campesinas de la sierra y los pequeños propietarios. Para Alan García las tierras de las comunidades deben entregarse a grandes propietarios. Así, para impulsar las explotaciones forestales en la Amazonía, “se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000 a 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología”.

Se refiere a las tierras de las comunidades nativas de la selva. Igualmente debiera venderse las tierras de las comunidades campesinas de la sierra, que, afirmó, han sido sustraídas al mercado debido a la influencia de ideologías retrógradas: “la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú, sin saber que fue una creación del virrey Toledo para arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas”.

La propuesta de Alan García no busca mejorar las condiciones productivas de los campesinos indígenas sino allanar la venta de sus tierras: “Esa misma tierra (la de las comunidades) vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento”. Para los campesinos la venta de sus tierras significaría perder tanto la condición de comunero y también los medios materiales para la reproducción social de su existencia. Su destino más probable, si tal cosa sucediera, sería desarraigarse y unirse a la vasta migración hacia los grandes cinturones de miseria creados en torno a las grandes ciudades.

Para Alan García, la propiedad del suelo por parte de las comunidades en cuyos territorios hay riquezas naturales explotables por el gran capital como los recursos mineros y el petróleo es una traba aún mayor para el progreso.

Frente a la preocupación por el impacto de la explotación minera sobre el medio ambiente el presidente García sostiene que este es un tema del siglo pasado: “en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas y en todo caso eso depende de lo estricto que sea el Estado en la exigencia tecnológica a las empresas mineras”.

Por desgracia, casos como el de la empresa minera Doe Run -que durante varios años ha ido postergando el cumplimiento de sus compromisos ambientales contando con la complicidad del Estado en contra de La Oroya- alimentan la desconfianza de los indígenas. Esta empresa, recientemente ha sido suspendida como miembro de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, por incumplir con las normas establecidas en su código de conducta. Si la minera no cumpliera con el PAMA, sería separada (Ver Semana económica del 05 de julio de 2009).

Que esta preocupación sea compartida, no sólo por los apristas, sino por todos los peruanos, quienes debemos unirnos para evitar la marginación o exclusión de nuestros hermanos nativos y campesinos. Además, tenemos el deber moral para impulsar desde las diferentes posiciones ideológicas, alternativas de desarrollo que comprometan la participación de los verdaderos actores excluídos y/o sin representación.

No olvidemos que a cada error o desatino del gobierno, le corresponde la falta de participación de nuestra sociedad civil.